Se mantiene la diferencia de criterios sobre utilidad de notificación de interlocutoria de prueba

Ámbito Jurídico

Con fecha 9 de noviembre de 2026, la Primera Sala de la Corte Suprema dictó sentencia en la causa Rol 56550-2025, advirtiéndose dos criterios respecto de la utilidad de la notificación de la interlocutoria de prueba a la parte demandante.

El fallo rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había confirmado el abandono del procedimiento. La mayoría de la sala, esto es los ministros Arturo Prado y Mauricio Silva y la abogada integrante Andrea Ruiz estimó que la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba debía practicarse a ambas partes para producir efectos útiles.

Se argumentó que «la expresión cesación de las partes en la prosecución del juicio se asimila al silencio en la relación jurídica y a la inactividad motivada por el desinterés en obtener una decisión judicial. Sin embargo, la pasividad debe ser imputable, esto es, debe tratarse de una conducta voluntariamente omisiva, pudiendo los interesados activar el procedimiento y no haciéndolo.

La sanción al litigante negligente sólo puede prosperar si este ha cesado en la actividad que le corresponde por un término superior a seis meses, contado desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.

Para que el juicio siguiera el curso correspondiente, sólo cabía instar por la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba, pues esa era la forma de pasar al estadio procesal siguiente. Al no haberse notificado la interlocutoria de prueba a la parte demandada dentro del plazo de seis meses, se configuró la paralización sancionada con el abandono del procedimiento».

La disidencia estuvo integrada por las ministras María Angélica Repetto y Mireya López, quienes estuvieron por acoger el recurso de casación en el fondo. En su opinión, la notificación expresa efectuada por la demandante antes del transcurso de seis meses constituía una gestión útil para dar curso progresivo al procedimiento, por lo que el incidente de abandono debió ser rechazado.