La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia que había acogido una demanda de responsabilidad contractual presentada contra Clínica Las Condes S.A. por una paciente sometida a dos intervenciones quirúrgicas por una hernia lumbar en junio y julio de 2017.
La resolución, dictada el 5 de noviembre de 2026 por la Segunda Sala, correspondió a los ingresos civiles roles 12.276-2023 y 818-2024, este último referido a medidas precautorias. El tribunal estuvo integrado por los ministros Juan Cristóbal Mera y Matías Felipe De La Noi, además del abogado integrante Sebastián Perelló.
La demanda
La paciente atribuyó a la clínica dos incumplimientos. En primer lugar, sostuvo que durante la cirugía inicial no se habrían retirado completamente los fragmentos herniarios, lo que habría obligado a realizar una segunda intervención. En segundo término, afirmó que la infección por la bacteria Escherichia coli BLEE que presentó durante su hospitalización se habría producido por una falta de medidas adecuadas de prevención de infecciones.
La Corte, sin embargo, concluyó que no se acreditó que la clínica o su personal se hubieran apartado de la denominada lex artis, es decir, de los estándares de cuidado exigibles conforme a la práctica médica.
Obligación médica y carga de la prueba
El fallo sostuvo que tanto la obligación del médico como la del establecimiento de salud son obligaciones de medios y no de resultado. Esto significa que no se garantiza la recuperación del paciente ni la ausencia de complicaciones, sino la utilización diligente de los conocimientos, procedimientos, equipos y cuidados exigibles en el caso concreto.
Aunque el tribunal recordó que el artículo 1547 del Código Civil presume culpable el incumplimiento contractual, precisó que antes debe acreditarse la existencia de ese incumplimiento. En este caso, correspondía demostrar que la conducta de la clínica se apartó de los estándares médicos aplicables.
Valoración de la prueba pericial
La Corte restó valor probatorio al informe elaborado por el médico Hernán Lechuga Farías, que había atribuido negligencia a la clínica por un supuesto aseo quirúrgico insuficiente y por la falta de constancia de una profilaxis antibiótica.
Entre otros argumentos, el tribunal consideró que el perito no era especialista en cirugía de columna, traumatología, neurocirugía ni infectología; que no examinó personalmente a la paciente; y que sus conclusiones se basaban en presunciones construidas a partir de la documentación revisada.
Además, los protocolos de anestesia incorporados al proceso consignaban la administración de cefazolina durante ambas intervenciones. La Corte también señaló que la Norma General Técnica N° 190, cuya infracción había sido invocada en el informe, fue aprobada después de las cirugías cuestionadas, por lo que no podía reprocharse a la clínica el incumplimiento de una norma que aún no regía al momento de los hechos.
Las complicaciones no demostraron negligencia
Respecto de la segunda cirugía, el tribunal estimó que la presencia de material herniario podía corresponder a una recidiva o a una complicación conocida de la intervención, y no necesariamente a una deficiencia técnica en la primera operación.
En cuanto a la infección, la Corte indicó que el hecho de que se tratara de una infección asociada a la atención de salud no permitía concluir, por sí solo, que hubiera existido falta de higiene o negligencia. Según la sentencia, las infecciones del sitio operatorio pueden producirse aun cuando se adopten las medidas preventivas correspondientes y dependen de diversos factores relacionados con el paciente y el microorganismo.
El tribunal añadió que la clínica trató las complicaciones mediante una nueva intervención, estudios y cultivos, cobertura antibiótica, manejo conjunto con un infectólogo y aseo quirúrgico de la herida.
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