El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, promulgó la Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, avanzando en fortalecer la protección de las víctimas y modernizar la orientación jurídica, garantizando que nadie quede sin apoyo legal frente a vulneraciones o conflictos.

La nueva institucionalidad pública, nacional y descentralizada, más moderna, con más recursos y mejores atribuciones, transformará y agrupará las Corporaciones de Asistencia Judicial e incorporará la Defensoría de Víctimas de Delitos.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, destacó que: “Es un gran paso que está dando nuestro país para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a la justicia, a una justicia oportuna, eficiente, profesional. Que las personas puedan acceder a la justicia sin depender de sus medios económicos, y por lo mismo es tan relevante, porque el acceso a la justicia es lo que viabiliza el ejercicio de otros derechos. Pero además, estamos promulgando esta ley que crea la Defensoría de las Víctimas.”

Asimismo, reafirmó que: “Las víctimas no van a estar nunca más solas. Van a tener un servicio público que las acompañe en este proceso, que las represente en las acciones judiciales que quieran interponer, pero además también les va a entregar asistencia psicosocial.”

Aspectos clave de la Ley

-Unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional, simplifica el proceso para que las personas puedan acceder a prestaciones y mejora su provisión al consolidar experiencias que antes estaban dispersas en distintas entidades.

– Crea la Defensoría de las Víctimas, que entregará atención integral jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, en particular a aquellos más violentos. Esto reforzará la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana y ayudará a saldar una deuda pendiente con la ciudadanía.

– Promueve la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación familiar obligatoria para evitar que los conflictos lleguen a tribunales y se alcancen soluciones con la participación de las personas involucradas.

– Entrega asistencia jurídica especializada respecto de diversos grupos y ámbitos, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, defensa laboral y derechos humanos, entre otros.

– Establece estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia.

– Garantiza la atención profesional y asegurando que todas las personas usuarias reciban una atención de calidad.

– Dispone la existencia de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia y promueve medios remotos de atención para asegurar cobertura permanente en todo el territorio nacional.

– Establece la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo servicio, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley. Iniciará en la zona norte, desde Arica hacia Valparaíso.