La Comisión de Recursos Hídricos aprobó y despachó a la Sala el proyecto (boletín 17265) que modifica la Ley que Regula los Servicios Sanitarios Rurales. Su objetivo es prorrogar los plazos establecidos en la norma sobre el inicio de la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a los operadores.

La moción recuerda que, durante noviembre de 2020, entró en vigencia la ley de servicios sanitarios rurales. Fue en un contexto adverso, marcado por la pandemia. La norma buscaba establecer un marco jurídico e institucional en la provisión de agua potable rural (APR). Igualmente, respecto de la recolección y tratamiento de las aguas servidas.

Sin embargo, las restricciones sanitarias y medidas de confinamiento del momento limitaron severamente el funcionamiento de comités y cooperativas, encargados de administrar estos servicios sanitarios. Por esta razón, en 2021, la Ley 21.401 extendió el plazo para la inscripción en el Registro de Operadores, a noviembre de 2024. Este registro se concibió para garantizar la transparencia y trazabilidad en la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Del mismo modo, prorrogó la constitución del Consejo Consultivo. Dicho órgano es clave para la orientación y supervisión de la implementación de la norma que regula los servicios.

Empero, todavía muchos comités y cooperativas no logran cumplir con los plazos establecidos en la citada norma. Se debe, principalmente, a la falta de capacitación, asistencia técnica y la imposibilidad de concretar actividades presenciales.

Nuevo calendario propuesto

El proyecto, despachado por la comisión y promovido por el diputado Víctor Alejandro Pino (DEM), busca extender nuevamente los plazos del inicio de la fiscalización de la siguiente manera:

A partir del 20 de noviembre de 2026, para los operadores clasificados en el segmento mayor.
Desde el 20 de noviembre de 2027, para los del segmento mediano.
Y a partir del 20 de noviembre de 2028, para los del segmento menor.

La finalidad de esta medida es asegurar una implementación gradual y adecuada de la ley, acorde a la realidad de las comunidades rurales.

Institucionalidad de Servicios Sanitarios

En la sesión participó el superintendente de Servicio Sanitarios, Jorge Rivas. En su exposición, valoró los efectos que ha tenido la prórroga de la entrada en vigencia de los procesos de fiscalización. Esto, porque les permitió ampliar los procesos de capacitación en las comunidades. También favoreció la mejora de los manuales de fiscalización que se entregan a los operadores, que habían sido calificados como poco claros y complejos de comprender.

Por su parte, la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, Denisse Charpentier, realizó una presentación sobre la implementación hasta la fecha de la ley de servicios sanitarios rurales. En ella destacó que se ha logrado ampliar la cobertura de APR avanzando en nuevos sistemas semiconcentrados y mejorando la infraestructura existente.

De este modo, la cobertura de agua potable rural es de un 100%, en las localidades concentradas, y de un 54%, en las localidades rurales semiconcentradas (aquellas que tienen una densidad de, al menos, 8 viviendas por kilómetro de red). Todo esto, sobre la base de 665 localidades catastradas.