Ad portas de la temporada estival, la Sala dio su aprobación al informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias respecto del proyecto sobre prevención, mitigación y responsabilidad ante incendios forestales y rurales. En paralelo, el Ejecutivo reafirmó que presentará un veto sustitutivo para reemplazar dicha propuesta por otra que “se focalice en la prevención de los siniestros”.
Las y los senadores presentes en la sesión del miércoles 11 de noviembre respaldaron el trabajo de la mixta con 34 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Previamente, el martes 12 se aplazó la votación de este mensaje, ocasión en que el ministro de Agricultura, Jaime Campos explicó las razones de la decisión del Gobierno.
Cabe recordar que la propuesta busca fortalecer e institucionalizar las acciones de prevención y mitigación de incendios forestales y rurales en todo el territorio. Para ello define el diseño de zonas de interfaz urbano-rural y áreas de amortiguación, obligando a que los planes de desarrollo urbano y comunal incorporen la variable de riesgo de incendios.
También establece la obligatoriedad de ejecutar planes de prevención específicos y medidas concretas como la limpieza de vegetación y la creación de cortafuegos, tanto para propietarios privados como para organismos públicos en áreas de riesgo. En la Comisión Mixta se respaldó aquello, tras lo cual el Gobierno sinceró que deberán entregarse compensaciones por expropiaciones y mayores recursos para que los municipios puedan fiscalizar y ejecutar labores preventivas, argumentando que imponer obligaciones sin financiamiento estatal directo genera reparos de constitucionalidad.
VETO
En esa sesión ordinaria, el ministro de Agricultura, Jaime Campos informó que presentarán un veto sustitutivo porque “este proyecto no apaga ningún incendio porque no le entrega recursos a las instituciones que deberían enfrentar estas situaciones. Nada se habla de prevención. Es un proyecto reactivo y sancionatorio”.
“Se establece por ley, la creación de una interfase de seguridad entre el poblado y los bosques aledaños, pero pasa a ser un gravamen que se les impone a los propietarios sin que haya una indemnización de por medio. En el caso de pequeños y medianos propietarios, esto es más complejo porque no tienen capacidad de financiar una interfaz”, aclaró.
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