El caso se centra en una denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales presentada por don José Luis contra la Municipalidad. El demandante alegó que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al ponerse término a la contrata en base a imputaciones falsas que habría considerado la autoridad edilicia al adoptar dicha decisión. El trabajador estuvo a contrata por un período inferior a cinco años.

El 4 de marzo de 2019 la demandante solicitó de la Inspección Provincial del Trabajo el inicio de un proceso de fiscalización a la demandada, con el objeto de investigar la jornada de trabajo, al no llevarse registro de asistencia y determinación de horas trabajadas; remuneración, por no entregar comprobante de pago de remuneraciones o sin indicaciones legales y por no pagar las horas extraordinarias correctamente. Consta en el formulario respectivo incorporado que la actora que ésta declara que la empleadora no cancela remuneración con las estipulaciones correctamente desde octubre de 2018 a febrero de 2019; no cancela horas extras en los mismos periodos y el marcaje de libro de asistencia en el mismo lapso de tiempo.

El día 22 de noviembre el trabajador activó fiscalización por no pago de remuneraciones y de cotizaciones previsionales, no habiéndose además escriturado modificación de contrato. El día 30 de noviembre se realiza fiscalización cursándose tres tipos de multas distintas al empleador. Luego, el día 14 de diciembre al presentarse el actor a sus labores se le prohíbe la entrada señalándosele que se encontraba despedido.

El caso surge por el despido de un trabajador el día 23 de enero de 2018 y que tiene como causa que el día 18 de enero de 2018 se produjo una discusión con el empleador, en la que le indica que no volverá a trabajar y lo denunciará ante la Inspección del Trabajo. Cabe añadir que el trabajador al día siguiente efectúa denuncia ante el órgano fiscalizador.

El caso surge por una denuncia de tutela laboral con ocasión del despido deducida por la trabajadora en contra de su empleador. La demandante sostiene que el despido comunicado el 15 de diciembre de 2022 se debió a dos denuncias ante la Inspección Provincial del Trabajo, una el 1 de abril de 2021 y otra el 19 de julio de 2022, relacionadas con la rebaja unilateral de horas contratadas. Estas denuncias resultaron en la constatación de infracciones por parte del empleador. A raíz de las denuncias, se inició un juicio en el Juzgado del Trabajo por cobro de prestaciones adeudadas que culminó con una sentencia favorable para la demandante.

El caso se centra en una trabajadora que fue despedida el 27 de junio de 2023. La trabajadora había presentado una denuncia por enfermedad profesional a la ACHS y había experimentado una reacción somática debido a excesos en su jornada laboral. En 2023, sufrió un accidente de trayecto y, tras regresar de una licencia médica de 7 días, fue despedida.

El caso se centra en una demanda indemnizatoria deducida en forma conjunta con una acción de tutela laboral, la que se funda en el incumplimiento por parte del empleador del derecho a la sala cuna para la hija del trabajador. De esta forma, la acción solicita declarar el derecho a dicho beneficio y la indemnización por daño emergente y daño moral.

El caso surge por una denuncia de tutela de derechos fundamentales presentada. La trabajadora señala que tras expresar su descontento por situaciones laborales a través de un correo electrónico al sindicato, se vio enfrentada a una propuesta de despido o un cambio de cargo con una disminución salarial, siendo objeto del término de la relación laboral. Así indica que su despido fue una represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión, en particular tras haber expresado sus quejas y críticas sobre su situación laboral.