El caso se centra en la declaración de la existencia de una relación laboral entre los demandantes y la empresa demandada. Los demandantes, que trabajaban como repartidores a través de una aplicación, argumentan que su vínculo con la empresa debe ser calificado como un contrato de trabajo, por lo que demandan la declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones.

El caso se centra en la disputa entre Johan y la empresa relacionado con la existencia de una relación laboral y un posible despido indirecto. Johan argumenta que su relación con la empresa era de carácter laboral, lo que implica subordinación y dependencia. Presenta como evidencia mensajes de WhatsApp que indican que daba explicaciones a su empleador sobre su asistencia y que existía una coordinación constante en su trabajo. La empresa, por su parte, sostiene que no existía una relación laboral formal, argumentando que las interacciones y pagos no constituyen un vínculo laboral, ya que se trata de lo que se denomina en el ámbito de las peluquerías «arrendamiento de sillón».

El caso se centra en la relación laboral entre la demandante y la Municipalidad, donde ella trabajó como asistente social y psicóloga en el programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar. La demandante fue contratada a honorarios desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 6 de abril de 2022. Sin embargo, se argumenta que las condiciones de su trabajo, que incluían una jornada laboral fija, deber de obediencia, supervisión, y derechos similares a los de un funcionario público, indican que en realidad existía una relación laboral de subordinación y dependencia, en lugar de un contrato a honorarios.