El caso se centra en un juicio relacionado con el incumplimiento de reparaciones locativas en un inmueble arrendado. La demandante solicitó una indemnización por los daños causados por la falta de reparaciones, específicamente en los sistemas de aire acondicionado y closets. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, en su fallo, ordenó a la demandada no solo pagar la indemnización solicitada, sino también reajustes e intereses que no habían sido explícitamente demandados por la parte actora.

El caso se centra en un recurso de protección interpuesto por un funcionario público cuyo cargo fue declarado vacancia debido a que había estado con licencia médica por más de seis meses. El acto administrativo se adoptó sin cumplir con evaluación de COMPIN respecto a compatibilidad con el cargo.

El caso surge de un recurso de protección deducido por diversas publicaciones injuriosas realizadas en redes sociales. Las acusaciones en las publicaciones incluyen que los recurrentes estarían involucrados en una toma ilegal de terrenos, que son operadores políticos y que han robado a los vecinos de una localidad de. Estas afirmaciones son consideradas por los recurrentes como una violación de sus derechos a la honra y a la propia imagen, garantizados por la Constitución Política de la República. En el recurso, se solicita que se eliminen todas las publicaciones relacionadas con sus nombres y familias, que se pida disculpas por las imputaciones falsas, y que se abstengan de hacer futuras referencias a ellos.

El caso surge por un recurso de protección por ruidos molestos generados por fiestas y eventos en la terraza de un hotel, que se encuentra cerca del departamento de la recurrente afectando su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La recurrida señaló que los eventos son excepcionales, se realizan con música ambiental y se llevan a cabo en horarios que cumplen con la normativa, cerrando a las 22:00 horas.

El caso se centra en un reclamo de ilegalidad municipal. El reclamante impugnó dos decretos alcaldicios: el primero, que ordenó la inhabilidad de una construcción, y el segundo, que rechazó su reclamo de ilegalidad en sede administrativa. Decreto Alcaldicio N°40: Este decreto notificó la orden de inhabilidad de la construcción, pero se argumenta que no se siguió un procedimiento adecuado, ya que la municipalidad no comunicó al interesado sobre la evaluación de cumplimiento de requisitos ni le otorgó la oportunidad de presentar descargos o pruebas. Decreto Alcaldicio N°326/2023: Este decreto rechazó el reclamo de ilegalidad, pero no abordó los argumentos presentados por el reclamante, lo que se considera una falta de motivación y una violación del derecho a defensa.