El caso se centra en una solicitud de insinuación de una donación de bienes inmuebles realizada por una persona con mandato, en virtud de una cláusula que señala que «podrá enajenar de cualquier forma». Se cuestiona si dicha expresión incluye los actos a título gratuito como la donación.

El caso surge por una demanda de nulidad de contrato por el cumplimiento imperfecto del mandato que habría efectuado la mandataria al constituir un usufructo vitalicio respecto de un inmueble por un precio de $500.000, pagados de contado. De esa forma, la mandataria se habría excedido o extralimitado en el ejercicio del mandato que le confirió en el cual quedó especialmente facultada para firmar la escritura pública y fijar el precio respectivo.

El caso surge por una demanda en que se solicita se declare la obligación del demandado de rendir cuenta de su administración en su calidad de mandatario de la demandante, conforme al mandato otorgado en 2 de abril de 2015 cuyo objeto era la venta de un automóvil. Efectuada la venta el 24 de septiembre de 2016 en $37.500.000 pagados al contado, declarando la vendedora recibirlos a satisfacción, le fue revocado el mandato con fecha 13 de junio de 2017, haciéndose exigible la obligación de rendir cuenta.

El caso consiste en que el demandante solicita la nulidad de la compraventa realizada el 10 de septiembre de 2009, argumentando que no otorgó su consentimiento para la venta del inmueble a la empresa servicio de reparación. Se alega que el demandado señor L. actuó como representante del demandante sin tener un poder especial que lo autorizara a hacerlo, lo que implica una falta de consentimiento en la transacción.

Una corredora de propiedades habiendo suscrito con la parte compradora y vendedora contrato para mediar y gestionar la venta de una propiedad demanda el pago de sus honorarios, atendido que los demandados (los clientes que le encargaron la gestión), habiendo suscrito contrato de promesa de compraventa en forma voluntaria acordaron, desistirse del contrato prometido. Ambos se negaron al pago de los honorarios.

El caso consiste en una demanda de nulidad e inoponibilidad deducida por el propietario de un inmueble contra el mandatario y el arrendatario, argumentando que no hubo concurrencia de voluntad por parte del demandante, lo que haría el contrato inoponible a él, ya se da en la especia una extralimitación del mandato del mandatario que firmó el contrato en su nombre, en calidad de arrendador, y a su vez con una sociedad de la que es administrador, en calidad de arrendatario, a una renta inferior a la que se le había instruido en el mandato.