El caso surge por un juicio ejecutivo en el que la ejecutada alegó que las facturas no cumplían con los requisitos necesarios para ser consideradas como títulos ejecutivos, argumentando que estaban inaptas para su cesión ya que fueron cedidas antes de los ocho días que señala la ley.

El caso surge por una demanda ejecutiva por diez facturas emitidas e impagas. En la fase preparatoria del proceso, el demandado no alegó ninguna de las circunstancias que podrían impugnar la validez de las facturas según la Ley N° 19.983, que se refiere a la ejecución de facturas. En este contexto, el demandante solicita que se acepte la demanda ejecutiva por un total de $391.313.650 más intereses, y que se proceda con el mandamiento de ejecución y embargo.

El ejecutado opuso la excepción del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil y adujo de manera expresa al fundar esta defensa que seis de las facturas no satisfacen las exigencias de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley N° 19.983, puesto que el actor no acompañó, ni en su solicitud de gestión preparatoria ni en la demanda ejecutiva, las copias cedibles de dichas facturas electrónicas, por lo que carecen de mérito ejecutivo.

El banco deduce demanda ejecutiva en contra de un deudor hipotecario y pide se despache mandamiento de ejecución por la suma de 10.283,4446, UF, más los intereses penales que correspondan, con costas. Afirma que en el contrato de mutuo hipotecario las partes convinieron en que el acreedor podría hacer exigible la deuda en su totalidad, considerándose ésta de plazo vencido, entre otras causales, si la parte deudora infringiere las prohibiciones de enajenar y gravar sin previo consentimiento del banco.

La parte ejecutada opuso las excepciones de los numerales 7, 9, 11 y 14° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Argumentó que el contrato de mutuo hipotecario de marras es un contrato de adhesión, cuyo contenido esta predeterminado o predispuesto de manera unilateral por ́ el otro contratante que, de manera habitual, tiene una posición preeminente en el mercado y, en particular, respecto del otro contratante; y que en estos casos el destinatario de la oferta, siendo el más débil, no puede discutirla y debe circunscribirse a aceptarla.

El caso consiste en una demanda ejecutiva presentada por un banco en contra de C. y se funda en cinco pagarés firmados por la ejecutada y llenados por la ejecutante, quien opuso la excepción ejecutiva de nulidad de la obligación sobre la base de que fue víctima de un fraude bancario, lo que afecta la validez de los pagarés que se están ejecutando.

El caso surge por la demanda ejecutiva de cobro de 128 facturas por parte del cesionario de facturas en contra de la ejecutada, la que opone la excepción de nulidad de la obligación, falta requisitos del título y sobre la base de que las facturas no dan cuenta de una contraprestación y por tanto carecen de causa.

El caso surge por una demanda ejecutiva de cobro de un pagaré que la ejecutada señala fue suscrito en garantía del cumplimiento de obligaciones de un contrato, por lo que opone la excepción de falta de requisitos del título del N°14 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

El caso surge por el cobro ejecutivo de seis facturas. El ejecutado opone la excepción del N°6 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil señalando que la que fundamenta en síntesis, en la falsedad ideológica de tales títulos, al carecer de respaldo, y basadas en documentos que sirvieron de base para la emisión de facturas anteriores que no fueron anuladas ni dejadas sin efecto, de modo que al dar cuenta de precio de servicios que carecen de justificación material y jurídica, y que ya fueron cobrados, por lo que devienen en falsas. En efecto, de la comparación de los títulos de autos con aquellas facturas anteriores, se evidencia que se refirieron a los mismos servicios, indican mismo local receptor, mismos números de HEC y OC.

El caso surge en un procedimiento ejecutivo en que la demanda se funda en el cobro de una factura, que asciende a $23.797.608. La ejecutada opuso varias excepciones, argumentando que no tenía relación comercial con la emisora de la factura y que esta era objeto de una investigación penal por delitos como espionaje informático, falsificación y usurpación.