El caso se centra en la nulidad de un contrato de compraventa celebrado por escritura pública el 15 de junio de 2011, entre doña G. y don J. El demandante solicita la nulidad del contrato, argumentando que existen vicios que afectan su validez ya que doña G. se encontraba en estado de demencia al momento de la celebración de la compraventa.

Una persona compró un sitio el 14 de junio de 1989, mediante escritura pública ante Notario y la propiedad fue debidamente inscrita en el registro correspondiente. Posteriormente vive en Estados Unidos y tiene residencia definitiva allí. Ha tenido viajes intermitentes a Chile desde su salida en 1991. El inmueble fue posteriormente inscrito a nombre de un tercero, quien lo adquirió mediante una compraventa que se celebró el 28 de agosto de 1991, aunque se menciona que esta escritura no figura en el registro notarial ni en el archivo judicial y la propietaria no compareció a la venta.

El caso surge por una demanda de nulidad absoluta de un contrato de compraventa de un inmueble. Los demandantes argumentan que al acudir a la notaría donde supuestamente se firmó, constataron que el documento no existía y que el número de repertorio no correspondía a esa notaría ya que la notario que aparece autorizando la escritura estaba a esa fecha fallecida. Alegan que la compraventa carece de causa. Además, dedujeron demanda reivincidatoria por la compraventa en la que la compradora vendió el inmueble a un tercero.

La propietaria celebró un contrato de compraventa del inmueble y la demandante alega que dicho acto jurídico la perjudicó a ella y sus hermanos, quienes perdieron derechos sobre el patrimonio de su madre viéndose favorecida su nieta, la compradora. La demandante argumenta que la vendedora no tenía las facultades mentales necesarias para celebrar el contrato debido a problemas de salud mental, en específico Alzheimer, acompañando una supuesta ficha clínica.

El caso consiste en que el demandante solicita la nulidad de la compraventa realizada el 10 de septiembre de 2009, argumentando que no otorgó su consentimiento para la venta del inmueble a la empresa servicio de reparación. Se alega que el demandado señor L. actuó como representante del demandante sin tener un poder especial que lo autorizara a hacerlo, lo que implica una falta de consentimiento en la transacción.

Una persona cedió a otra la totalidad de sus derechos sobre un inmueble. Esta cesión generó la obligación de realizar la tradición de esos derechos, que se materializa mediante la inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. La cedente falleció sin haber realizado la inscripción de la cesión a nombre de la cesionaria. Esto llevó a que sus herederos obtuvieran la posesión efectiva y la inscripción especial de herencia sobre el inmueble.

La controversia se centró en cuanto a la obligación de entregar los derechos sobre el inmueble recae sobre la cedente, y que esta obligación es patrimonial y, por lo tanto, transmisible a sus herederos.

El caso dice relación con una moticicleta que se adquirió y pagó por el comprador y se entregó por el vendedor, no obstante no puede ser inscrita en el Registro de Vehículos Motorizados, no cuenta con placas patentes y no puede circular por la vía pública, todo lo cual deriva de errores en la internación de dicho vehículo al país, por lo que sólo resta dilucidar si tales impedimentos afectan el cumplimiento de la obligación de entregar por parte de la empresa vendedora.

El caso surge por una demanda de lesión enorme, en que la demandante alega que ha habido una simulación relativa en la transacción de ciertos inmuebles, lo que fundamenta su demanda de lesión enorme. La parte demandada, por su parte, presenta excepciones, incluyendo la falta de legitimación activa y la prescripción. El tribunal de primera instancia inicialmente dictó una sentencia el 22 de mayo de 2020, que fue objeto de apelación. La Corte de Apelaciones de Santiago, en una resolución del 25 de abril de 2024, ordenó que el caso regresara al tribunal de primera instancia para que se pronuncie sobre las excepciones planteadas y la demanda reconvencional de prescripción adquisitiva.

El caso consiste en una demanda de nulidad de contrato y acción reivindicatoria interpuesta por varios personas en contra doña ME. La demanda se basa en la compraventa de un inmueble que se realizó mediante escritura pública, argumentando que la vendedora doña ME no tenía la capacidad mental necesaria para dar su consentimiento en el momento de la firma del contrato, ya que alegan que se encontraba demente. Por lo tanto, solicitan la nulidad de la compraventa y la reivindicación del inmueble vendido, considerando que la transacción es nula debido a la falta de capacidad de la vendedora.

El caso surge por una demanda de simulación de un contrato de compraventa de un bien inmueble en que el demandante sostiene que el contrato celebrado entre su madre y la demandada es simulado. El demandante argumenta que existe una discordancia consciente y deliberada entre la voluntad declarada en el contrato y la voluntad real de las partes, lo que implica que el precio acordado de $15.000.000 es irrisorio en comparación con el valor de mercado del inmueble, que es al menos diez veces mayor. Solicita así que se declare la nulidad del contrato. La demandada, por su parte, reconoce la existencia del contrato y defiende que se cumplió con el pago del precio acordado.

El juzgado civil de primera instancia acogió la demanda y declaró que el contrato era simulado y lo anuló, sentencia que fue revocada por la Corte de Apelaciones.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo y, en sentencia de reemplazo, declaró nulo el contrato por simulación absoluta.