La Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto (boletín 17581) que moderniza el decreto ley 1939, para regular normas de adquisición, administración y disposición a los accesos a bienes públicos del Estado.

El texto recuerda que el Código Civil dispone que ciertos bienes comunes, como la alta mar, no pueden ser objeto de dominio privado. Asimismo, considera como bienes nacionales de uso público a calles, plazas, ríos, lagos y playas. En este marco, se entiende que estos espacios deben estar disponibles para todas las personas.

En dicha línea, el proyecto actualiza la norma vigente para asegurar el acceso a bienes públicos efectivos y garantizados para todas las personas. Lo anterior se promueve considerando que hoy persisten dificultades porque no existe un sistema claro y permanente que establezca los límites reales entre las zonas de uso público, como playas, riberas y cauces, y los terrenos privados.

Dicha falta de delimitación, sumada a la intervención de distintos organismos, complica la identificación de accesos y la resolución de cierres.

En virtud de lo anterior, la iniciativa busca, entre otros aspectos:

– Incorporar cuerpos de agua como bienes nacionales de uso público susceptibles de fijación de un acceso libre.

– Incorporar la recreación, el deporte y la investigación científica entre los fines que pueden motivar un acceso.

– Establecer, expresamente, la competencia de los Juzgados de Policía Local para ordenar la reapertura de acceso a bienes públicos cerrados u obstaculizados.

– Prohibir la fijación de accesos a través de áreas protegidas y recintos militares.

Acceso a bienes públicos

Las y los parlamentarios concordaron en la necesidad de que estos bienes nacionales de uso público tengan libre acceso. En tal plano, estimaron que cumplen una función social, que el Estado debe garantizar.

Recalcaron que la norma corrige la debilidad del sistema, al cautelar derechos que hoy existen, pero que son sistemáticamente vulnerados. Según plantearon, esto se produce porque privados instalan cercos que prohíben el acceso a la comunidad.

En tanto, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, precisó que la iniciativa posibilita el ejercicio más pleno de transitar libre y gratuitamente por estos bienes de uso público, que son de interés social.

Destacó que, si bien hoy existen multas, estas son lentas y el trámite es engorroso. Por ello, la iniciativa, entre otros aspectos, faculta al juzgado de policía local a decretar la apertura, con el auxilio de la fuerza pública.

El proyecto pasará ahora al Senado, para cumplir allí con su segundo trámite constitucional.