En condiciones de ser remitido al Ejecutivo quedó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, luego que el Senado aprobara en general y en particular la iniciativa y la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara los cambios que se hicieron durante su tramitación.

El proyecto, que forma parte de la agenda priorizada de seguridad, considera una completa transformación institucional, agrupando en un servicio a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial y estableciendo que habrá un servicio descentralizado y regionalizado para prestar atención oportuna a las víctimas.

Así lo señalaron los senadores Pedro Araya y Ximena Rincón, quienes informaron sobre los alcances y los cambios que se hicieron a la iniciativa en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Hacienda, respectivamente.

El proyecto establece que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas es una entidad pública descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente o Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además de definir su funciones y atribuciones, establece la forma en que se estructurará y funcionará este nuevo servicio público, los derechos de las personas que son víctimas de delitos y las reglas que se aplicarán a los funcionarios que serán traspasados desde las Corporaciones de Asistencia Judicial y de otras reparticiones públicas a este nuevo organismo.