Hasta el 10 de julio, los parlamentarios y parlamentarias así como el Ejecutivo, tendrán plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país.
Esto luego que el mensaje en segundo trámite, fuera aprobado en general, por unanimidad, por los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo en su última sesión. En la jornada, la instancia conoció las opiniones de la Contraloría, la Asociación de Municipios Rurales y el Colegio de Arquitectos de Chile respecto a la iniciativa.
PROYECTO
El proyecto que cuenta con suma urgencia, tiene por objetivo modernizar, fortalecer, agilizar y hacer más eficiente el sistema de planificación territorial. La idea es resolver de manera oportuna los problemas que se presentan en las ciudades y prever su ocurrencia.
Las actuales dificultades que existen en la planificación territorial responden al aumento de los tiempos en los procedimientos de elaboración o modificación; el excesivo formalismo; la duplicidad de funciones; y la falta de coordinación entre órganos de la administración del Estado en la tramitación de los instrumentos de dicha planificación.
De tal modo, la norma se orienta a incorporar mejoras al procedimiento general de aprobación de los instrumentos de planificación territorial. Así, se aclaran disposiciones que resultan obscuras o dudosas. Igualmente, se dota de mayor eficiencia al proceso de planificación, evitando paralizaciones o retrocesos en etapas muy avanzadas de la tramitación.
Asimismo, se diversifican los mecanismos de modificación de la norma urbana y gestión territorial. Para ello se consolidan, mejoran y amplían los procedimientos existentes. Esto se realizará en armonía con el reconocimiento de procedimientos simplificados de evaluación ambiental estratégica. Además, estarán en línea con lo que establezca el reglamento que rige el procedimiento ambiental, en los casos que corresponda.
El texto también aclara las dudas en cuanto a las atribuciones y obligaciones que recaen en los instrumentos de planificación territorial en todos sus niveles. De igual modo, se fortalecen y detallan las competencias de la administración urbanística.
Por otro lado, se instala, a nivel institucional, una cultura de la planificación territorial con énfasis en el monitoreo constante de los instrumentos y en la formación de capacidades institucionales. Por ello, se le entregará a la División de Desarrollo Urbano la competencia para capacitar en planificación territorial y materias afines. Esto apuntará, especialmente, a las autoridades electas a nivel regional y comunal.