Problemas como la trata de personas y el tráfico de migrantes vienen siendo recurrentes en el último tiempo en el norte del país. Por ello, es relevante dotar a la autoridad de herramientas necesarias para la persecución criminal de dichos delitos.
Ese es el espíritu que mueve a la moción boletín 14877. Dicha propuesta se aprobó en general en la Sala, el pasado 4 de julio. Y, hoy, la Cámara ratificó su articulado, por 144 votos a favor y una abstención, conforme a los acuerdos alcanzados en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
La iniciativa consta de un artículo único que modifica el Código Procesal Penal. Favorece la persecución criminal del delito de tráfico de migrantes. También apunta a la promoción o facilitación de la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, los vinculados a explotación sexual y los que se asocien u organicen para cometer este tipo de delitos.
La norma facilita la solicitud de ampliación de detención de hasta tres días que puede formular el fiscal. Para ello, se permite que la autorización judicial que la otorgue se haga de la forma más expedita posible. Así, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro.
Fundamentos
Según se explica en el informe, muchas veces, los fiscales no pueden llegar presencialmente en el plazo de 24 horas a solicitar la ampliación de una detención. Dicha situación se vive, particularmente, en el norte del país, donde las distancias dificultan un efectivo procedimiento judicial.
Se argumenta que la medida propuesta ya se utiliza en la persecución del tráfico de drogas. Por esto, se estima también necesaria para los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. De esta manera, el Ministerio Público contará con el tiempo suficiente para que las policías puedan recabar los antecedentes del delito eficientemente.
Además, la modificación favorece al detenido. Esto, porque, frecuentemente, la Fiscalía se ve forzada a solicitar medidas cautelares más restrictivas por no contar con los antecedentes suficientes.
El proyecto pasó a segundo trámite, al Senado.