Abordan proyecto que entrega protección y reparación en favor de víctimas de femicidios

Establecer un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Ese es el tenor del proyecto analizado hoy en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género (boletín 14013).

La norma tiene por objeto la creación y fortalecimiento de todas aquellas acciones efectivas y necesarias para la atención, protección y reparación integral para las víctimas de femicidio, en todo su alcance y formas de aparición.

Lo anterior, sea en grado de consumación, frustración o tentativa, de conformidad con las normativas y obligaciones internacionales de derechos humanos.

Al respecto, se considerarán víctimas a todas las personas enumeradas en el Código Procesal Penal. En tanto, quedará excluida toda aquella persona que fuese responsable criminalmente de los hechos perpetrados en contra de la mujer.

Ejecutivo

La directora (S) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Vannina Masman, valoró la presentación del proyecto. Explicó que la entidad comparte la importancia del objeto y el alcance de esta ley.

Planteó que entienden el espíritu del proyecto. No obstante, consideró importante actuar con cautela ante sus alcances y expectativas. Esto, ya que, para su materialización, debieran incorporarse criterios, requisitos o directrices.

Camila Maza, representante de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, destacó que se reconozca a las víctimas colaterales. Recordó estas suelen ser niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a aspectos a mejorar, mencionó la necesidad de precisar el contenido de ciertas disposiciones, para determinar su sentido y alcance. En este marco estarían, por ejemplo, los derechos a la reparación integral, a la protección en el trabajo y de las víctimas migrantes.

Adicionalmente, analizar la legitimización activa especial que se propone, para que se respete el derecho de las víctimas a ser oídas y evitar la victimización secundaria.

Igualmente, planteó la relevancia de escuchar la opinión del Ejecutivo y otros agentes, en materia de derechos laborales y de personas migrantes.

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