Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo de Escazú ((boletín 14852). Se trata del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
El texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional. Se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.
En particular, en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica. A ello se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático. También, el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Asimismo, se incluye la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.
De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales. Particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.
También presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Además, dispone que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
El acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de once de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a doce Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Declaración interpretativa
En su paso por la Comisión de Relaciones Exteriores, se aprobó, además, una “declaración interpretativa”, propuesta por parlamentarias y parlamentarios de Chile Vamos. Entre otros puntos, el texto:
– Apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno.
– Reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental.
– Precisa el sentido y alcance de la cooperación para la implementación del acuerdo en el país. Destaca que no aplica para demandas limítrofes ni exigencias que no son parte del tratado internacional.
– Establece que la autoejecutabilidad se implementará de acuerdo a las posibilidades y prioridades nacionales, respecto al acceso a la información pública, participación ciudadana y derecho al acceso a la justicia en materia ambiental.