Conectar el mundo académico con el mercado y la sociedad es el objetivo central del proyecto que busca establecer un marco regulatorio para la transmisión de los resultados derivados de la investigación científica y tecnológica, el que fue aprobado en general en la pasada sesión ordinaria.

Hasta el 29 de mayo tendrán plazo los legisladores y el Ejecutivo para presentar indicaciones al texto que comenzará su debate en particular en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, instancia que ya revisó la propuesta iniciada en mensaje.

En la Sala, las y los parlamentarios reflexionaron sobre la necesidad de establecer alianzas público privadas en materia de tecnología, potenciar a las universidades en su rol de investigación, y fomentar la colaboración de instituciones académicas, agencias gubernamentales y la industria.

PROYECTO

La norma tiene los siguientes objetivos:

Reconocer la investigación como una actividad permanente en las universidades.

Eliminar obstáculos para la transferencia de conocimiento y tecnología del ámbito académico al sector privado.

Crear un repositorio de información científica basado en criterios de ciencia abierta.

Resolver problemas confusos relacionados con la propiedad intelectual que surgieron durante la tramitación de la ley que estableció el Ministerio de Ciencia.

En esa línea, el proyecto de ley:

Dota de contenido al concepto de investigación en Instituciones de educación superior IES como una de sus funciones esenciales y crea el Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica.

Establece el deber de fomento de la ciencia abierta en las IES, en su esfera de autonomía.

Establece el deber de fomento del Estado de proyectos de investigación, creación y transferencia e intercambio de tecnología y conocimiento.

Establece un estatuto legal de transferencia de tecnología y conocimiento, con especial énfasis en que las IES y sus investigadores 12 puedan crear o participar en EBCT desarrolladas a partir de resultados de investigación.

Establece un régimen de derechos de intervención actualizado en proyectos financiados con fondos públicos.

Establece modificaciones a otras normas tendientes a eliminar posibles trabas vinculadas a la transferencia y gestión de la tecnología y conocimiento.