El caso surge por una demanda de reforma de testamento, en que el actor solicita que aquellas asignaciones con cargo a la cuarta de mejores y de libre disposición que excedan la cantidad que el testador podía disponer de ellas sean deducidas en forma proporcional con el objeto que no se vea afectada su legítima.

El caso surge por una demanda de inexistencia, en lo principal, y de nulidad absoluta de un testamento, en forma subsidiaria, del testamento otorgado por J., quien falleció el 1 de mayo de 2021. La demanda fue presentada por dos de sus hijos quienes solicitaron la declaración de inexistencia del testamento que había sido otorgado el 23 de febrero de 2021. Los demandantes argumentaron que el testador no cumplió con las obligaciones legales al asignar legítimas y mejoras a sus herederos, lo que llevó a la confusión y contradicciones en las cláusulas testamentarias. En particular, se mencionó que el testamento contenía disposiciones contradictorias sobre la entrega de bienes a su cónyuge sobreviviente y la venta de un vehículo, lo que generó dudas sobre la voluntad del testador.

El caso se centra en la solicitud para cambiar apellido del solicitante y el de sus hijos menores de edad. El solicitante desea adoptar el apellido de su abuela materna, con quien ha tenido una relación cercana y que lo ha cuidado. La solicitud se basa en el artículo 1 letra b) de la Ley 17.344, que permite el cambio de apellido bajo ciertas condiciones, como haber sido conocido por un apellido diferente durante al menos cinco años.

La sociedad demandó a doña J. para que se le condenara al pago de una suma de dinero que le corresponde por el 50% de los derechos del inmueble. La demandante señala que la señora J., al haber recibido la indemnización completa por concepto de indemnización por exporpiación, debe restituir la mitad de esa suma, ya que la otra mitad pertenecía a la demandante. Se sostiene que J. actuó en virtud de un mandato tácito y recíproco, lo que implica que debía actuar en beneficio de ambos copropietarios.

La parte ademandante señaló que la parte demandada realizó actos de competencia desleal, alegando que esta última había desviado clientela de manera ilegítima, lo que afectó su negocio. Asimismo, la actora argumentó que la demandada había incitado a sus trabajadores a renunciar para unirse a su propia empresa, así como que había accedido de manera indebida a información confidencial y a la base de datos de clientes de la actora.

El caso se centra en un proceso de liquidación concursal voluntaria en que el solicitante la liquidación de sus bienes debido a su insolvencia. En este contexto, el Banco solicitó la exclusión de un crédito otorgado con garantía estatal, regulado por la Ley N° 20.027, del procedimiento concursal regido por la Ley N° 20.720, argumentando que dicho texto legal establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, debe prevalecer sobre las disposiciones generales de la Ley N° 20.720, que regula los procedimientos concursales.

El caso surge por una acción revocatoria concursal subjetiva presentada el liquidador concursal en contra L. y otra empresa. La demanda busca la revocación de un contrato de cesión de derechos sobre una prensa, celebrado el 22 de julio de 2019, argumentando que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley N° 20.720 para que la acción revocatoria proceda, que incluyen la celebración del acto dentro de los dos años previos a la declaración de liquidación, el conocimiento del mal estado de los negocios por parte de la empresa que contrata, y que el acto cause perjuicio a la masa de acreedores. Se argumenta que los representantes de ambas empresas (L. y la otra demandada) tenían pleno conocimiento del mal estado financiero de la empresa deudora al momento de celebrar el contrato y que el precio pactado en la cesión fue irrisorio en comparación con el valor real de los bienes, lo que perjudica a los acreedores al alterar su posición de igualdad en el concurso.

El caso se centra en el cuestionamiento de la validez del remate debido a que la individualizadión de la propiedad en las bases de remate y en los extractos no reflejaba que el deudor solo tenía derechos sobre el inmueble, surgiendo los reparos del Conservador de Bienes Raíces quien se negó a la inscripción de la adjudicación debido a que el deudor no era propietario pleno, lo que llevó a la parte adjudicataria a solicitar la nulidad del remate.

El caso surge de una demanda de restablecimiento de servidumbre de tránsito sobre la base de que compró todos los derechos que a los vendedores les correspondía en el Lote 52 resultante de la subdivisión de la Parcela Nº2 del Proyecto de Parcelación “El Ciruelo”. Con anterioridad a las ventas del Lotes 52 los vendedores habían procedido, conforme a las normas establecidas en el Decreto Ley 3.516 de 1980 del Ministerio de Agricultura, a subdividir la propiedad de la que eran dueños en 52 lotes de terreno. Que según da cuenta el plano de subdivisión antes referido, se contemplaron en el mismo los caminos necesarios para acceder a cada uno de los lotes resultantes de la subdivisión, caminos uno de ellos denominado Carlos Guerrero.

El caso se centra en una disputa entre Inversiones C. y A.S.A., así como sus accionistas y directores. Inversiones C. presentó una demanda de disolución de A.S.A., argumentando que había habido incumplimientos y faltas por parte de los directores y accionistas que justificaban esta medida. En particular, se alegó que los directores no habían renovado el directorio de acuerdo con la Ley 18.046, lo que constituía una falta que ameritaba la disolución de la sociedad.

El juez árbitro que conoció del caso decidió no acoger la demanda de disolución, argumentando que la acción de nulidad de actos y actuaciones de la sociedad y accionistas era más adecuada y tenía efectos más limitados. El árbitro también consideró las alegaciones de las partes y determinó que la disolución no era necesaria para resolver el conflicto, priorizando la continuidad de la sociedad.

El caso consiste en una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual que se basa en una compraventa de una sepultura que tuvo lugar el 28 de noviembre de 1996. Según el demandante, el demandado le vendió una sepultura asegurando que no tenía deudas ni gravámenes. El demandante realizó el pago total de la sepultura por la suma de $300.000, pero posteriormente, en octubre de 2018, al intentar hacer uso de ella, se enteró de que había sido vendida a un tercero en julio de 2018.

El juzgado civil de primera instancia acogió la demanda indemnizatoria, condenándolo a pagar la suma de $5.000.000, sentencia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones con declaración de rebaja del monto indemnizatorio a $1.600.000.