La Comisión de Vivienda inició la discusión del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de medidas de seguridad en departamentos, para prevenir accidentes (boletines refundidos 12.461 y 15.682).

La iniciativa busca establecer el uso obligatorio de mallas de seguridad en ventanas y balcones de departamentos habitados por menores de 12 años, con la finalidad de prevenir y evitar las caídas involuntarias desde las alturas.

En la sesión expusieron el contenido del proyecto las representantes del Ministerio de Vivienda, Jeannette Tapia, asesora jurídica, y Doris González, secretaria ejecutiva de Condominios.

Al respecto, informaron que recoge la necesidad de hacerse cargo de una problemática social que afecta a las familias residentes en edificios, estén o no estos en condominios.

Así como, la inquietud para detallar las responsabilidades asociadas a la obligación de instalar las mallas y los plazos para cumplir con la norma.

Junto con ello, la opción de evaluar el establecimiento de responsabilidades civiles y penales al sujeto obligado por la norma, así como a las personas que tienen la obligación de cuidar a menores de edad.

Compra en verde

La comisión también continúo la discusión general del proyecto que modifica la misma ley, esta vez en materia de proteger al promitente comprador de inmuebles (boletín 16.793).

La iniciativa busca corregir problemas prácticos en la aplicación del artículo 138 bis, referido a las garantías que, por ejemplo, las inmobiliarias o vendedores deben caucionar en favor del comprador que adelante una parte o todo el pago.

compra en verde

Sobre la materia, el director del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, informó a la comisión que, desde el 2019 al primer semestre del 2024, el Sernac ha recibido 3.790 reclamos relacionados con contratos de promesa de compraventa.

En su presentación destacó que el 93% de los reclamos se refieren a problemas de ejecución contractual. Es decir, por incumplimiento de las condiciones establecidas en dichos contratos, dificultades para poner término al contrato, retardos en la entrega, términos unilaterales de los contratos y cláusulas abusivas, entre otros.

Sobre el proyecto, Herrera valoró el avance que propone al establecer un plazo para la celebración del contrato definitivo. “La regulación civil sobre el contrato de promesa es insuficiente frente a la disparidad de negociación en la estipulación de los contratos de adhesión”, puntualizó.