Con la esperanza que se legisle de manera universal terminando con la discriminación que existe entre trabajadores del mundo público y privado en desmedro de los primeros, la Sala envió a la Cámara Baja, el proyecto que prorroga por este año, el teletrabajo en el sistema público. De esta forma, la norma iniciada en mensaje, avanza a su segundo trámite.

La propuesta –aprobada con 26 votos a favor y uno en contra- fue revisada por las comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social con el fin de dar agilidad a su tramitación.

En la sesión ordinaria, en forma transversal, los parlamentarios hicieron ver “la urgente necesidad que el Ejecutivo presente un proyecto de teletrabajo general para dar certezas a todos los trabajadores independiente de quien sea su empleador”.

Al mismo tiempo, generó fuertes críticas entre los legisladores, el hecho que el mensaje contemplara un apartado con un tema muy distinto: permitir a los agricultores afectados por los temporales entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, comunicar un punto alternativo de extracción de agua. Así se comentó “la gran cantidad de iniciativas misceláneas que presenta el Ejecutivo, muchas de las cuales no resultan coherentes”.

PROYECTO

“Prorrógase, desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2024, la facultad para eximir del control horario de jornada de trabajo a las jefas y jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos. El número máximo de funcionarios y funcionarias que podrán quedar afectos a esta facultad no podrá exceder del 20% de la dotación máxima de personal del servicio. Con todo, a quienes se aplique este artículo deberán realizar presencialmente labores en las dependencias institucionales, al menos, tres jornadas diarias dentro de la jornada semanal.

La Dirección de Presupuestos podrá autorizar el aumento del porcentaje señalado, previa solicitud fundada del jefe(a) superior de servicio. Para lo anterior, la Dirección de Presupuestos deberá contar con la opinión técnica favorable de la Dirección Nacional del Servicio Civil. En ningún caso el porcentaje adicional que se autorice podrá exceder del 15% de la dotación máxima del personal del respectivo Servicio.

Asimismo, el proyecto establece que “aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales que, como consecuencia de los temporales acaecidos entre las regiones comprendidas entre la región del Libertador Bernardo O’Higgins hasta la región de Los Lagos, entre los meses de junio y octubre del año 2023, se han encontrado imposibilitados de ejercer sus derechos debido a daños sufridos en las obras o al cambio de trazado de los cauces, su forma o dimensiones, podrán extraer agua en un punto alternativo».

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los titulares, dentro de un plazo de 30 días contado desde la fecha de publicación de esta ley, deberán comunicar a la Dirección General de Aguas el punto alternativo de extracción, señalando las coordenadas UTM con indicación de Huso y Datum y las características principales de las obras. El punto alternativo de extracción deberá ser colindante al cauce y no afectar derechos de terceros.