Facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales, interviniendo en materia de plazos, requerimientos y sanciones. Esa es la finalidad de una iniciativa (boletín 15534) aprobada por la Sala de la Cámara y enviada a segundo trámite, al Senado.

Para sus fines, la propuesta modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, simplificando y agilizando los procedimientos administrativos. Considera el proceso, desde la etapa de anteproyecto, hasta la respectiva inscripción de las unidades a nombre de sus propietarios.

Entre las diversas materias que interviene esta ley están los permisos de anteproyectos y proyectos de construcción. También respecto de requerimientos para las empresas sanitarias, solicitudes, reclamaciones y revisores independientes.

Por otra parte, el texto responsabiliza a las Direcciones de Obra Municipal (DOM), a los Servicios de Vivienda y Urbanización, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de los instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

Asimismo, se redefinen infracciones, por ejemplo, respecto de no supervisar la correcta ejecución de las obras o por incumplimiento de las normas de construcción o las especificaciones técnicas del proyecto.