Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 20 de noviembre recién pasado– analizó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que “Establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS)”. Informe que fue remitido al día siguiente, a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Que, en síntesis, por el presente informe se analizó el proyecto de ley que ‘Establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS)’, con el objeto de impulsar la adopción de prácticas por parte de los agricultores que permitan mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agropecuarios, así como para contribuir a la producción sustentable de alimentos, tal como se venía realizando con los incentivos dispuestos por la Ley N° 20.412”, plantea el pleno de ministros.

“Los beneficiarios de los instrumentos de incentivo, asumen una serie de compromisos orientados a la consecución de los objetivos tenidos en vista para su otorgamiento, y para lo cual se establece un régimen sancionatorio destinado a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, el que incluye multas, inhabilidades para volver a postular o participar del sistema, y que además, conlleva la restitución de los recursos entregados”, añade el informe.

“Respecto a la forma establecida por el proyecto de ley para perseguir el pago de la multa, se opta por otorgar competencia los Juzgados de Policía Local, manteniendo con ello la forma que se había fijado previamente con la Ley N° 20.412. Sin perjuicio de ello, se hacen algunas observaciones en relación a la sanción de inhabilidad destinadas a dar mayor precisión a la regla. Primero, surge la interrogante sobre quién es el órgano llamado a su imposición (administrativo o judicial), y segundo, sobre la necesidad de dilucidar el vínculo que existe con la multa, respecto al grado de autonomía para la imposición de cada una de estas”, advierte la Corte Suprema.