Por primera vez, la sociedad podrá participar activamente en la construcción de la nueva Política de Persecución Penal, instrumento fundamental para dirigir el accionar del Ministerio Público. Es que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), junto a la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, darán inicio a los Talleres Participativos y Ciudadanos, en el marco del diseño, construcción e implementación de la política de persecución para el período 2023-2031.

La idea es levantar un diagnóstico participativo orientado a conocer cuáles son los delitos o fenómenos criminales más relevantes para la ciudadanía y los distintos actores del sistema. Para esto, se realizará un levantamiento de información cualitativa y cuantitativa a nivel nacional y regional, que incluye, entre otras actividades, focus group, talleres participativos y una consulta ciudadana en línea. Todo esto tiene como propósito involucrar a la comunidad en este proceso que resulta esencial tanto para la Fiscalía Nacional como para sus unidades regionales.

“Estamos muy contentos de dar este paso de apertura, participación y transparencia. Involucrar a la ciudadanía en un ámbito tan relevante como es la persecución de delitos nos parece fundamental y necesario. Queremos ir al terreno, donde la gente, para conocer de primera fuente sus necesidades. Esta información será utilizada como insumo fundamental para posteriormente definir y establecer la Política de Persecución Penal 2021-2031”, señaló el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

“Sólo nos queda invitar a las personas e instituciones a aprovechar este espacio y participar activamente, especialmente en las regiones”, agregó el líder del Ministerio Público.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de CEJA, Nataly Ponce, señaló: «En los contextos democráticos, es imprescindible que las instituciones de justicia implementen mecanismos para alinear sus prioridades a las principales necesidades de la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad”.

Añadió, además: “Este esfuerzo del Ministerio Público de Chile es inédito y ejemplar en la región, dado que conlleva un amplio proceso de escucha a la ciudadanía de todas las regiones del país para el diseño de la Política de Persecución Penal hasta el 2031. Esto representa una nueva manera en que los Ministerios Públicos definen sus líneas de persecución penal frente al delito, el crimen organizado, la violencia y la corrupción, escuchando las preocupaciones y diferentes perspectivas de la población”, destacó.

Cabe recordar que una de las primeras prioridades establecidas por el Fiscal Nacional al asumir el mando de la institución fue, precisamente, contar con una Política de Persecución Penal que permita establecer las prioridades en materia de persecución, con sentido ciudadano, que reconozca las realidades y diferencias de cada una de las regiones del país, con enfoque de género y apta para enfrentar los fenómenos de criminalidad organizada y emergente.