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1) Regla de corte: umbral temporal de 5 años (renovaciones sucesivas)

La Corte Suprema viene consolidando como estándar práctico que la reiterada renovación de contratas por un período superior a cinco anualidades genera en el funcionario una expectativa legítima de continuidad, de modo que la autoridad no puede poner término (sea por no renovación o término anticipado) sin un estándar reforzado de justificación. Esto aparece expresamente, entre otros, en:

Corte Suprema. Empleo a contrata. Plazo de confianza legítima es de cinco años

Corte Suprema. Empleo a contrata. Reiterada renovación de la contrata por un período superior a cinco anualidades genera en el funcionario la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración

Corte Suprema. Principio de confianza legítima. Empleo a contrata

2) Exigencia de continuidad: no se “suman” períodos con otra calidad jurídica

Otra línea relevante es que el cómputo del plazo se exige como contrata continua: si hay un período intermedio en otra calidad (p. ej., suplencia), ese tiempo no se abona para completar los cinco años.

Corte Suprema. No se configura confianza legítima si no han transcurrido cinco años desde de su designación

3) Diferenciación según exista o no confianza legítima: cambia el estándar de motivación

Si no hay confianza legítima (menos de 5 años): la Corte suele aceptar que la Administración conserve un margen amplio para no renovar o terminar anticipadamente, con una motivación al menos “someramente” suficiente, coherente y entendible (según el caso).

Si SÍ hay confianza legítima (5+ años): la decisión de separar al funcionario exige un control más estricto: la autoridad debe fundar debidamente la no renovación, sobre la base de antecedentes objetivos, evitando justificaciones genéricas o meramente discrecionales. Esto se aprecia con claridad en:

Corte Suprema. Empleo a contrata por más de cinco años. Confianza legítima

4) Causales/escenarios típicos que la Corte menciona como “vías” para poner término (cuando hay confianza legítima)

En varios fallos (en el contexto de protección) se reitera la idea de que, configurada la confianza legítima, el vínculo no puede extinguirse por mera decisión discrecional, y que el término debiera operar.