Por medio del Dictamen N°OF110217 del 10 de junio de 2026 la Contraloría General de la República representó la modificación al decreto supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros.

Indicó que » teniendo en cuenta que el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública.

En ese sentido, cabe anotar que, si bien corresponde a la Administración definir las exigencias para los servicios de que se trata, en este caso se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte, como son aquellos realizados a través de las empresas de aplicación de transportes reguladas en la ley N°21.553″.

Añadió que «corrobora lo anterior lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la ley N° 19.880, y lo expresado por este Organismo Fiscalizador en sus dictámenes N°s. 18.055, de 2011, y 59.892, de 2015, en orden a que el principio de juridicidad, en una concepción amplia y moderna, conlleva la exigencia de que los actos administrativos se encuentren debidamente motivados y sustentados en fundamentos racionales, de modo que no obedezcan a decisiones que puedan ser arbitrarias o que, eventualmente, pudieran estimarse una desviación de poder.

Finalmente, y en relación con lo dispuesto en la letra a) del artículo único del acto administrativo examinado, corresponde que ese Ministerio establezca un plazo determinado para efectos del cumplimiento de la obligación de comunicar la adscripción de los servicios de taxi básico, ejecutivo o de turismo, a una empresa de aplicación de transportes», concluye.