Consolidar información de condenas y sanciones por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes. Este es uno de los objetivos del proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades (boletín 18341) que analiza la Comisión de Seguridad Ciudadana.
En la instancia participaron los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez, y de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. Sobre el mensaje, Pavez señaló que se busca establecer consecuencias administrativas temporales para quienes integren el registro. Así, añadió, vincular el acceso a beneficios financiados con recursos públicos o trámites administrativos al cumplimiento de normas básicas de convivencia.
El Registro de Actos Vandálicos será administrado por el Servicio de Registro Civil y tendrá un carácter parcialmente público. Esto significa que cualquier persona podrá requerir información por medio de una solicitud de acceso a la información pública. Aunque los antecedentes específicos de la causa permanecerán reservados, al igual que el acceso a la información que permita identificar a menores de edad.
Actos vandálicos e incivilidades
De acuerdo a lo explicado por el subsecretario Pavez en la comisión, el proyecto distingue entre actos vandálicos e incivilidades. En el primer caso, se encuentran delitos contra la autoridad y bienes públicos, de conducta, contra profesionales de la salud o educación y contra las cosas. Quienes los comentan, permanecerán en el registro por cinco años o dos, si se trata de menores de edad.
En cuanto a las incivilidades, se clasifican entre faltas analizadas por los juzgados de policía local y las que se analizan en los juzgados de garantía. Como ejemplos del primer caso están el depósito de escombros o el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el segundo, la realización de loterías no autorizadas o el consumo de drogas en la vía pública, entre otros. En estos casos la permanencia en el registro será de un año.
Así, ingresarán al Registro de Actos Vandálicos las personas condenadas por cometer estos delitos y no podrán acceder a:
Subsidios habitacionales y de arriendo.
Becas de educación superior, postgrado y fondos concursables (cultura, ciencia).
Licencia de conducir y pasaporte.
Beneficios tarifarios de transporte público.
Pérdida de pensiones de gracia
Asimismo, se podrá retener la devolución de impuestos por multas impagas y se aplicará la prohibición de ingreso a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego.
El proyecto en trámite, así también, propone un régimen agravado para quienes cometan incendios graves, ataques a autoridades, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, uso de explosivos, tráfico de drogas y comercio ilegal organizado. En estos casos, las personas que ingresen al registro tampoco podrán acceder a la gratuidad en educación superior ni a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Por último, el proyecto plantea mayores plazos de permanencia en el Registro de Actos Vandálicos en caso de reincidencia.