Mejorar la persecución penal y modernizar los mecanismos de gestión institucional son parte de los ejes centrales del proyecto que busca fortalecer el Ministerio Público. La iniciativa (boletín 16374) comenzó a analizarse en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución.

En la sesión, participó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. En su exposición, señaló que, para cumplir estos objetivos, se pretende ampliar en 819 cargos la dotación de la Fiscalía en un plazo de cuatro años. De estos, 205 corresponden a nuevos fiscales adjuntos, con lo que se llegaría a un total de mil a lo largo del país. Así, este aumento de personal es el mayor desde la creación del ente persecutor.

El incremento en la dotación tiene como objetivo reforzar el personal para la tramitación de causas, especialmente, las de mayor complejidad y violencia. Así, también, se busca fortalecer la operación de los sistemas de turno y flagrancia, lo que mejoraría el tiempo de respuesta ante un hecho delictual.

Atención de víctimas y testigos

Por otro lado, el aumento de dotación permitiría fortalecer la unidad de atención de víctimas y testigos. Esto, especialmente, en los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales que involucran a niños, niñas y adolescentes.

Junto a esto, se pretende crear la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal. Su objetivo será velar por el cumplimiento de las instrucciones, así como por la calidad y oportunidad de la persecución penal. De tal modo, se espera mejorar las investigaciones y, en consecuencia, la confianza ciudadana.

Finalmente, en esta área de crearán cuatro nuevos cargos directivos en el ente persecutor. Estos estarán a cargo de la División Jurídica, la Unidad de Academia de Fiscales y Funcionarios, la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Explotación Sexual, y la nueva la División de Planificación, Control de Gestión y Supervisión.

Modelo orgánico del Ministerio Público

El proyecto del Gobierno, igualmente, considera medidas para modernizar el modelo orgánico del Ministerio Público. Entre ellas, permite la reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos, una vez concluido su periodo. La idea es aprovechar la experiencia adquirida en el ejercicio de su cargo.

Junto a ello, se perfecciona el mecanismo de incentivos institucionales de desempeño para fiscales y funcionarios. La propuesta reemplaza el actual bono por desempeño individual por uno colectivo basado en el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y para la Fiscalía Nacional.

En otra línea, se establece la obligación de someter a evaluación el funcionamiento del Ministerio Público, cada tres años, por una entidad externa. El objetivo es promover la mejora continua de la calidad de la persecución penal y la atención de víctimas y testigos.

Además, se establece la obligación de que las “fiscalías unipersonales” cuenten con una planta de, al menos, un fiscal adjunto y dos abogados asistentes.

Finalmente, el ministro señaló que la implementación total del proyecto irrogará un mayor gasto fiscal, en régimen, de $45.363 millones.