Otorgar un apoyo adicional a las familias de menores ingresos, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a los operadores de servicios sanitarios rurales, para enfrentar las alzas de las cuentas de suministro eléctrico durante los próximos semestres. Esa es la finalidad del proyecto (boletín 17064) aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.
La medida es una respuesta del Ejecutivo para palear la citada alza derivada de la aplicación de nuevas normas vigentes para el sistema eléctrico a través de la Ley 21.667 (estabilización tarifaria).
Para sus fines, la iniciativa triplica el número de hogares beneficiados por el subsidio eléctrico. Así, se alcanzaría la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Junto a esto, se aumenta el monto para aquellos hogares vulnerables pertenecientes a sistemas medianos.
El texto también establece un subsidio adicional para hogares en que habiten personas electrodependientes. Asimismo, extiende a 2027 el subsidio eléctrico que expiraba en 2026. Adicionalmente, disminuye las tarifas a un determinado grupo de clientes.
Cargos a las eléctricas
El proyecto obliga al Ministerio de Hacienda a hacer aportes anuales al Fondo de Estabilización de Tarifas (FET). Para 2025 y 2026, el monto será de $115 mil millones. Para 2027, será de $95 mil millones. Los dineros podrán incrementarse en estos años en $70 mil millones cada año, en tanto opere una sobretasa por emisiones de CO2. Estos dineros tendrán como única finalidad el financiamiento del subsidio transitorio.
En línea con lo anterior, se establece una sobretasa al impuesto a las emisiones de CO2 a las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas. Se aplicará en 2025 y 2026 y será equivalente a US$5 por cada tonelada emitida. Se excluyen de este gravamen aquellas compañías que operen sobre la base de biomasa. De igual modo, las que operen exclusivamente en un sistema eléctrico cuya capacidad instalada de generación sea inferior a 200MW.
Junto a lo anterior, se definía para los años 2025, 2026 y 2027 un “cargo FET” que fue eliminado en las votaciones. Este iba a aplicarse a todos los retiros que realizaran las empresas generadoras desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW a efectos de comercializarla con distribuidoras o clientes finales, estuvieran o no sujetos a regulación de precios.
El Cargo FET tenía por objeto financiar el subsidio eléctrico, el que iba a recaudarse mensualmente por el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional y traspasado para estos efectos al FET.
Más fiscalización al sistema eléctrico
La propuesta obliga a las empresas distribuidoras a implementar, en forma eficaz y oportuna, las mejores soluciones técnicas disponibles para mitigar los efectos de interrupciones de suministro eléctrico generados por fallas masivas, causadas por eventos de la naturaleza, climáticos o cualquier otro que determine la normativa vigente.
El texto, en adición, faculta a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a requerir e instruir a las personas y entidades fiscalizadas las adecuaciones que aseguren la mitigación de riesgos e integridad de redes de distribución, transmisión y transporte. Asimismo, la presentación de planes de acción destinados a regularizar el desempeño insuficiente de las instalaciones de generación, producción, almacenamiento, transporte, transmisión o distribución de recursos energéticos.
En general, se incluyen variados perfeccionamientos a las medidas de fiscalización y supervigilancia de la SEC. La idea es mejorar la calidad del servicio de los clientes finales.