La ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de género y no discriminación, Andrea Muñoz Sánchez, participó este miércoles 18 de diciembre, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el panel en que autoridades del Estado presentaron recomendaciones a las organizaciones de la sociedad civil en el marco del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW.
En octubre de este año, el Estado de Chile presentó sus avances y desafíos ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). A partir de esta presentación, el órgano experto manifestó un reconocimiento ante distintos avances de nuestro país y sus recomendaciones para los próximos cuatro años, las que también consideraron las demandas planteadas por organizaciones de la sociedad civil en sus informes alternativos.
En la actividad participaron, además, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la Subsecretaria de la Mujer y la EG, Luz Vidal; la pastora Sandra Rozenberga de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile y Francisca Pérez, directora de la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada.
La instancia buscó aportar a la difusión de las recomendaciones efectuadas por el Comité CEDAW en el marco del 8° examen periódico de Chile. Las iniciativas relacionadas al Poder Judicial fueron fortalecer las medidas para eliminar los obstáculos al acceso de las mujeres a la justicia, en particular para las mujeres rurales, indígenas y afro descendientes, con discapacidad y migrantes, incluyendo la prestación de servicios de asistencia jurídica e interpretación en lenguas indígenas.
“Creo que es un ejercicio necesario y oportuno, que debiésemos replicar en distintos ámbitos. En lo que a mí me atañe, como representante del Poder Judicial, lo hago desde la mirada del acceso a la justicia”, dijo la autoridad, valorando al mismo tiempo que nuestro país se haya hecho parte de este diálogo constructivo, “asumiendo que es una tarea que compete a todos los poderes y órganos del Estado, desde su ámbito de acción, lo que fue bien valorado por el Comité. Desde el punto de vista del Poder Judicial es relevante participar de estas instancias que enriquecen tanto la respuesta del Estado como la experiencia de nuestra institución”.
“Si bien todavía persisten una serie de desafíos, que se destacan en las recomendaciones, sin duda hemos avanzado en forma notable desde el examen anterior, al que tuve también la oportunidad de asistir en el año 2018. La situación actual, ciertamente, es muy distinta a la de hace seis años. En relación a mi evaluación sobre las recomendaciones efectuadas por el Comité, creo que las recomendaciones aciertan al visualizar y celebrar la existencia de un marco normativo bastante más sólido y completo, destacando numerosas leyes aprobadas en el período”, dijo, tras lo cual mencionó la ley integral de violencia de género, la ley que amplía el tipo penal en el feminicidio, ley Antonia.
“En cuanto al acceso a la justicia, aciertan en que junto con elogiar los avances en la institucionalidad del Poder Judicial, con la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema, entienden la necesidad fundamental de fortalecer la capacitación de las y los miembros de la judicatura, fiscales y demás operadores del sistema de justicia para avanzar en la comprensión de la discriminación de género y de eliminar los estereotipos de género persistentes en nuestra sociedad y en el ámbito judicial. Es algo que está en el centro de las recomendaciones y que reitera en varios acápites, refiriéndose a la necesidad de redoblar esfuerzos, sea para combatir la violencia de género, el feminicidio, o la trata y explotación de mujeres y niñas, impartiendo una capacitación continua y obligatoria a judicatura, fiscalía y agentes de la ley, utiliza ambos adjetivos, continua y obligatoria. Esta es una cuestión fundamental en la que coincidimos plenamente y en la que como Poder Judicial hemos puesto el foco”, resaltó.
Mencionó el compromiso asumido por la Corte Suprema mediante el Acta 207-2022 que determinó implementar un curso obligatorio sobre violencia contra las mujeres en razón de su género para todo el escalafón primario, comenzando por la judicatura con competencia en familia y penal, que fue diseñado en conjunto por la Secretaría de Género y la Academia Judicial y que ya comenzó a impartirse con un total de 129 personas capacitadas y espera cubrir a todo el universo de jueces en un lapso de 5 años.
También recordó que las cifras de capacitación en temas de género en el período 2018-2023, alcanzan a un total de 8.800 cupos, considerando cursos impartidos por la Academia Judicial, el sistema de estudios virtuales de la CAPJ y los cursos impartidos por el Sernameg anualmente.
Sobre las barreras en el acceso a la justicia, estableció la relevancia de las acciones que se han tomado desde el Poder Judicial, para mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia usuarias y que han derivado en una serie de líneas de trabajo. Resaltó un estudio efectuado el año 2019, que detectó un amplio margen para hacer mejoras y muchos de cuyos hallazgos contribuyeron a visibilizar también aspectos que posteriormente fueron recogidos en el proyecto de ley que dio origen a la ley 21.675. Además, informó que el Poder Judicial finalizó una consultoría para la elaboración de una Guía de Atención y Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia de género, con el objetivo de contar con una herramienta que permita hacer aportes concretos a la labor que realizan diariamente los tribunales de justicia y que propone cambiar la mirada y partir desde la experiencia de las usuarias, incorporando información sobre sus procesos, explicaciones en lenguaje claro de los diferentes hitos del procedimiento, planificar la realización de audiencias en horarios y lugares adecuados para promover la participación y adhesión de las mujeres, así como la posibilidad de implementar asistencia remota a audiencias, en condiciones que garanticen su seguridad. Cabe destacar que la elaboración de un protocolo para la atención y entrega de información a víctimas de violencia de G. es un compromiso asumido por el Pjud en el Plan Nacional de Derechos Humanos (2022-2025).
“Ahora, en el marco de todo este camino previo que estamos recorriendo, las observaciones nos demandan poner el foco con mucho mayor fuerza en las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y aquí, si bien en el Poder Judicial hemos venido desarrollando hace un tiempo una mirada desde cómo garantizar el servicio judicial a todas las personas, creo que todavía tenemos mucho que avanzar. Somos conscientes de que existe una brecha en el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y por eso se han generado diversas iniciativas de accesibilidad para aumentar su participación y adherencia a los procesos judiciales”, estableció.
“Si bien esa comprensión no es masiva ni está consolidada, es significativo observar cómo la jurisprudencia, en determinadas materias, ha ido delineando respuestas garantes de los derechos de las mujeres, y que revelan, además, una mirada desde el sistema de justicia que involucra no sólo a la judicatura, sino también a otros intervinientes en los procesos. Esto es muy importante, porque como he insistido, la sintonía en estas materias entre todos los intervinientes produce sinergias y permite avanzar en una dirección común, guardando los roles que a cada institución competen”, definió.
Sobre los avances jurisprudenciales, enunció distintas resoluciones en materia violencia económica, violencia obstétrica, violencia vicaria; o cómo abordar problemáticas como la decisión de las mujeres de no participar en los procesos o la retractación; nuevos análisis de figuras como la legítima defensa en contextos de violencia de género; el otorgamiento de soluciones alternativas a la prisión, en caso de mujeres embarazadas o con hijos lactantes; fallos relacionados con el reconocimiento de la identidad de género de menores de 14 años; con el reconocimiento y protección de familias diversas.