En sentencia dictada el 8 de noviembre de 2024, Rol 13662-2022, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó sentencia de primera instancia y condenó a un notario público a pagar una indemnización de $171.817.369 por no realizar verificación mínima de identidad y permitir así que se otorgue a falso mandatario posibilidad de sustraer fondos de herederos.

El fallo argumentó que «… debe aún anotarse que no se trata de exigirle al notario que cumpla el rol o deber propio de un investigador de supuestas falsificaciones cuando no existen datos aparentes de los cuales poder deducirlas, sino que se le pide, que colocado en una situación como la de autos, en la cual era fácilmente detectable -con una mínima observación- que se estaba frente a documentos espurios, que cumpliera su papel de garante de la fe pública. En consecuencia, como se adelantó, en el presente caso, la negligencia del demandado se configura por no haber realizado la verificación mínima de la documentación de identidad de los comparecientes, lo que constituye un incumplimiento de su deber profesional…«.

Añadió la sentencia que «luego, dicho incumplimiento generó la creación de una escritura pública que otorgó al falso mandatario la posibilidad de sustraer los fondos de los herederos, causando así un daño directo y previsible a los demandantes. Enseguida, no puede desconocerse entonces que esta negligencia, así constatada, facilitó la comisión de un fraude contra los demandantes, configurando de ese modo, el nexo causal directo entre su omisión –por no cumplir con la diligencia exigida- y el daño alegado. Todo lo cual lleva a colegir que se configuran los supuestos propios de la responsabilidad extracontractual prevista en el artículo 2329 del Código Civil«.