Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 21 de octubre recién pasado– analizó del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que “Regula la prevención de incendios forestales y rurales, y otras materias que indica”. Informe que fue remitido a la Comisión de Agricultura del Senado, el miércoles 23 de octubre.

“Que, en conclusión, el proyecto, a partir del déficit regulativo existente en materia de prevención de incendios forestales y rurales el proyecto de ley busca fortalecer la estrategia de prevención de incendios en el país. Para ello, la propuesta enfoca sus esfuerzos en regular definir zonas de interfaz urbano-rural forestal en los instrumentos de planificación territorial; fortalecer los instrumentos de gestión forestal existentes; crear zonas de amortiguación forestal de aplicación inmediata en el territorio; y dotar de facultades sancionatorias al Servicio Nacional Forestal”, plantea el informe.

Para la Corte Suprema: “La adopción de una estrategia con foco preventivo que es posible evidenciar a lo largo de todo el proyecto de ley conlleva a valorar de manera positiva el avance en una regulación integral en la materia, la cual, además, tiene a la vista los proyectos de ley a fines que se han presentado en el mismo sentido, especialmente, aquel que crea el Servicio Nacional Forestal”.

“No obstante, lo anterior, cabe observar que la propuesta de ley merece ser ajustada en cuanto al sistema recursivo dentro del procedimiento administrativo, pues en su contenido se hace remisión a medios de impugnación contenidos en un artículo del cual no consta la iniciativa legal”, advierte el pleno.

“Sobre la disposición consultada, se ha analizado el mensaje en relación con la fórmula propuesta por la Corte Suprema en su resolución de fecha 05 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal Pleno en los AD-583-2018”, propone.

“No obstante que la iniciativa de ley presenta concordancias con lo señalado en la mentada resolución, existen ámbitos en los que la redacción se aleja de la fórmula señalada por la Corte –de las que trata este informe– sugiriéndose adoptarlos de manera de avanzar hacia procedimientos similares en materia contencioso-administrativa”, afirma.