La Comisión de Agricultura de la Cámara avanza en la discusión general de un proyecto (boletín 17006) que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales. Su objetivo es regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural.

La propuesta -originada en mensaje- busca proteger de mejor manera los terrenos agrícolas y distinguirlos de las subdivisiones con fines habitacionales. También, pretende preservar el suelo rural para los distintos fines silvoagropecuarios. Junto a esto, se aspira a posibilitar un habitar rural sustentable, a través de la regulación de conjuntos residenciales rurales.

En la sesión expuso el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, quien entregó su visión respecto a la iniciativa. El edil destacó los aspectos positivos de esta, así como los que se podrían analizar con mayor detalle. Afirmó que esta es una iniciativa fundamental y entregó su disposición para lograr acuerdos y avanzar en la legislación.

Tomás Gárate afirmó que es relevante complementar la presente regulación con instrumentos o herramientas de planificación que vayan más allá de la definición actual de urbano-rural. Por otra parte, planteó la posibilidad que se permita evaluar más allá del caso a caso.

“Debemos insistir en la necesidad de una zonificación del suelo rural que identifique dónde estos proyectos se puedan desarrollar y se restrinjan, según riesgos, potencial habitacional, sobrecarga, aptitudes agrícolas, valor de conservación, etc. (…) No podemos habitar en cualquier parte”, indicó.

Asimismo, sostuvo que es fundamental la regulación de parcelaciones en zonas de riesgo (mapas de peligros de Sernageomin, Senapred y Conaf, entre otros), así como abordar la concentración y/o sobrecarga de iniciativas en sectores específicos.

Regulación del medio rural

Por otro lado, el alcalde de Puerto Varas resaltó que la propuesta entrega soluciones que, en la práctica, se vuelven muy complejas de ejecutar o impracticables para los propios desarrolladores privados. Por esta razón, afirmó que se necesita un marco intermedio.

“Es fundamental establecer un proceso eficiente y menos burocrático de revisión de las iniciativas, para no sobrecargar a los servicios públicos y a los municipios. Ello, para disminuir tiempos de revisión”, acotó.

Por último, advirtió que la diversidad de situaciones de parcelaciones ya existentes, requiere desarrollar con mayor profundidad el artículo transitorio de regularización. La idea es que se puedan aplicar de manera efectiva y sea una solución real.

“Existe la oportunidad de que conjuntos contiguos puedan desarrollar infraestructura, equipamiento o espacios públicos de manera asociativa, pero se requieren herramientas para incentivarlo o permitirlo”, puntualizó Gárate.