Protección contra la Violencia de Género: Jueces y funcionarios de tribunales de la jurisdicción Concepción participaron en jornada sobre nueva ley

Un centenar de jueces, juezas, administradores, administradoras, consejeros y consejeras técnicos y funcionarios y funcionarias de tribunales en materia de Familia y Penal de la jurisdicción Concepción se capacitaron sobre la «Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género».

La actividad –realizada de forma telemática– fue liderada por la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, encargada de la puesta en marcha de esta normativa, y contó con las exposiciones de Soledad Granados, de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema, más los profesionales del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Dirección de Estudios del máximo tribunal, Victoria Coñuecar, Camila Letelier y Alejandro Castillo.

En sus palabras de bienvenida, la ministra Chevesich mencionó que «si bien la implementación de esta nueva ley propende a visibilizar cuestiones históricas que afectan la dignidad y derechos fundamentales de las mujeres, se nos compele también a un desafío mayor que trasciende aspectos meramente procedimentales, invitándonos a aunar fuerzas que nos orienten a comprender la dimensión real de aquello que se procura erradicar, y que dice relación con un tema generalizado y devastador, vislumbrado no sólo por nuestra legislación, sino que también por organizaciones internacionales».

La ministra agregó que al abordar y combatir este fenómeno, «no solo se protege a la mujeres afectadas, sino que se promueve una sociedad más justa y equitativa, pues parte de las medidas que se promueven para ver asentado este anhelo, que converge además en paz social, es justamente trabajar en sensibilizar para que el hablar de erradicar las violencias no signifique un título vacío de contenido, sino cale profundo en cada niño, niña en formación, en cada adulto ya forjado y permeado por una cultura que debe deconstruir y asentar nuevas formas, permitiendo florecer y fortalecer el eje de una educación basada en la igualdad de género».

Evaluación

Para la jueza Antonia Flores Rubilar, del TOP de Concepción, este tipo de actividades resultan importantes para quienes trabajan en tribunales. “Pudimos recordar distintos conceptos, conocer aspectos de la nueva normativa, las nuevas facultades oficiosas y obligaciones también que pesan sobre los tribunales en la aplicación de la norma, principalmente lo que dice relación con medidas cautelares y conocer también que se está trabajando en implementar algunas modificaciones en el sistema informático para mejorar la gestión de estas causas”, expuso.

Enrique Echegaray, jefe de unidad del TOP de Los Ángeles, añadió que “la actividad resulta del todo relevante para tribunales de Familia y de materia penal, el fortalecimiento y adecuación de los distintos cuerpos legales busca brindar mayor protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y establecer sanciones más severas para el femicidio. Por eso, para los tribunales en materia Penal es importante aprender sobre las herramientas legales, como medidas cautelares, que se pueden aplicar en protección de las víctimas y especialmente la forma de cumplimiento y fiscalización de las mismas. Importantes desafíos enfrentan, tanto tribunales penales y de familia, en la coordinación de medidas de protección y cautelares que resultan transversales en ambas materias y de coordinación con las policías”.

En esa misma línea, el consejero técnico, presidente regional de su gremio, Daniel Cuevas expuso que “como Asociación de Consejeras y Consejeros Técnicos valoramos esta capacitación, como también valoramos que esté pronta a publicarse la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, estableciendo un marco normativo crucial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Destacamos que esta ley introduce una fiscalización y supervisión judicial más intensa de las medidas cautelares. Además, garantiza asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas, y reconoce a los niños y niñas como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres o cuidadoras”.

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