La Comisión de Medio Ambiente aprobó en general el proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental (boletín 16553), a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La propuesta tiene por objeto fortalecer al organismo mediante la entrega de un marco institucional que permita hacerse cargo de las falencias y aspectos a perfeccionar, identificados en estos diez años de vigencia, en el cual se contemplen mecanismos para mejorar el cumplimiento ambiental.

Previo a la votación de la idea de legislar del proyecto, los miembros de la instancia manifestaron sus aprensiones respecto de la iniciativa. Por un lado, plantearon la necesidad de analizar profundamente la propuesta legal. La idea es resolver todas las inquietudes planteadas.

Desde otro sector, valoraron la idea del proyecto e indicaron que avanza en fortalecer la institucionalidad.

En ese contexto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, entregó su disposición para lograr un buen proyecto de ley. Aseguró que se necesita una superintendencia acorde a los nuevos tiempos.

Tras la votación, la instancia legislativa abrió un plazo para presentar indicaciones. Ello, previo a lo que será el debate y posterior votación particular del proyecto.

Fiscalización ambiental

En la misma jornada, el grupo parlamentario escuchó las exposiciones de diversos organismos. Desde la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, aseguraron que la iniciativa avanza en la línea de obtener antecedentes oportunamente.

En ese sentido, hicieron presente que es una oportunidad para dar un paso más respecto a otros ámbitos de sanción administrativa.

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) indicaron que es positiva la introducción de las vías alternativas de cumplimiento ambiental y el procedimiento sancionatorio simplificado como nuevas figuras. Sin embargo, estimaron que existen aspectos que deben ser revisados.

Alertaron que el proyecto no se hace cargo de la ausencia de incentivos para el uso de las autodenuncias. “La propuesta de planes de reparación obligatorios desnaturaliza el esquema regulatorio de la responsabilidad por daño ambiental”, resaltaron.

En relación a la fiscalización y sanción de la norma de emisión de ruido, sostuvieron que es complejo su traspaso a las municipalidades.