Por la unanimidad de 133 votos, la Sala aprobó y despachó al Senado la creación de un nuevo procedimiento y tribunales especializados para la ejecución de sanciones penales.
La iniciativa es una moción del diputado Marcos Ilabaca (PS), junto a Carmen Hertz (PC), Jorge Alessandri (UDI), Raúl Leiva (PS) y Diego Schalper (RN), además de los ex diputados Renato Garín y Matías Walker (boletín 12213).
El texto modifica el Código Procesal Penal (CPP), en la etapa de ejecución de sanciones penales, en materias que incluyen la aplicación de penas privativas de libertad y de medidas cautelares o de apremio mediante las cuales se prive de libertad a una persona en un establecimiento penitenciario.
Para ello, el proyecto define la actividad penitenciaria y sus fines, así como los derechos de los internos y el resguardo del personal. Pero, en particular, contempla un procedimiento especial para la solicitud o revocación de beneficios, como la libertad condicional, donde se escuchará la opinión de las víctimas.
Actualmente, cerca de 54 mil personas están privadas de libertad y unas 145 mil están sujetos a control, lo que hace tan relevante contar con estos tribunales especializados.
La norma establece una implementación gradual en los 14 territorios y 29 comunas incluidas, y contempla un presupuesto en régimen (a partir del quinto año) de $6.600 millones de pesos.
Tribunales de Ejecución
A través de esta iniciativa, se crean 14 tribunales de ejecución de penas y medidas de seguridad en las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, San Miguel, Colina y Santiago. Estos contarán con 22 magistrados y 108 funcionarios, a los que se suman otros nuevos cinco jueces de garantía.
Asimismo, se incorporan 36 salas preferentes en los juzgados de garantía en otras comunas que cuenten con establecimientos penitenciarios del sistema cerrado dentro de su jurisdicción.
Adicionalmente, habrá una asignación de jornadas, días o salas, con dedicación exclusiva para todos los demás juzgados de garantía. El texto señala que se deberá priorizar la asignación de estas jornadas al conocimiento de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Según las cifras estimadas por el Ejecutivo, con esta distribución, un 80% del total de las personas sujetas a la atención o custodia de Gendarmería de Chile se encontrarían cubiertas por tribunales de ejecución. Además, un 19% serían atendidos en salas preferentes y sólo un 1% en la modalidad de asignación de salas.