Con apoyo transversal de los integrantes de la Comisión de Constitución, se aprobó y despachó el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos (boletín 13.991).
El proyecto ingresó a trámite en enero de 2021. Posteriormente, la comisión lo aprobó en general en marzo de ese año. Pero, su tramitación quedó en pausa antes las observaciones de las y los parlamentarios y funcionarios, y las críticas por el bajo presupuesto contemplado para el nuevo organismo (800 millones de pesos).
De esta manera, el texto legal aprobado en esta jornada, con las observaciones ingresadas por el actual gobierno en diciembre de 2023 y un presupuesto estimado de 12 mil millones de pesos, tiene cuatro ejes de acción:
– Crea un servicio de alcance nacional
– Promueve la solución colaborativa y radica en el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia la mediación familiar.
– Crea una subdirección especialmente dedicada a la atención de víctimas de delitos
– Fortalece de manera importante los recursos públicos
– El organismo estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia. Además, se conformará a partir de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, del Programa de apoyo a víctimas (PAV) y los Centros de Atención integral a víctimas de delitos violentos (CAVI).
Otorgará asesoría jurídica a las personas que requieran orientación legal, defensa y representación jurídica. El beneficio llegará a quienes no pueden procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección. Además, sus atenciones serán gratuitas.
Finalmente, personal profesional calificado otorgará las prestaciones. Excepcionalmente, postulantes al título de abogado que estén realizando su práctica profesional podrán apoyar estas labores (Ver presentación)
Defensoría de Víctimas
El nuevo servicio atenderá las necesidades de las personas naturales víctimas de delitos, mediante asesoría, representación jurídica y asistencia sicológica y social.
Para ello consolida los dos principales programas públicos de víctimas actualmente existentes: CAVI, a cargo de las Corporaciones de Asistencia Judicial y PAV a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a objeto de contar con una ventanilla única de atención prioritaria y generar un modelo común de intervención que mejore los servicios prestados a las víctimas.
En particular, asesorará a las víctimas sobre sus derechos; sobre las medidas de protección o cautelares que puedan ser solicitadas a su favor y orientación sobre los programas estatales a los que puedan acceder. Asimismo, les entregará representación jurídica para posibilitar su participación en el proceso penal y atención psicosocial a las víctimas. Esto último con el fin de procurar la mitigación de los efectos negativos del delito y evitando su victimización secundaria.