Normativa de prevención de incendios forestales y rurales se despacha a Sala

La instancia de Hacienda despachó a Sala el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales (boletín 16335). El texto busca establecer nuevos instrumentos y fortalecer los ya existentes para reducir el riesgo de estos siniestros.

La propuesta tiene como principal fin fortalecer la estrategia de prevención de incendios en el país. Para ello, propone definir zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF) en los instrumentos de planificación territorial y fortalecer los instrumentos de gestión forestal existentes.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo y ya fue aprobado en la Comisión de Vivienda. En el actual trámite en Hacienda, el gobierno fue representado por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela y el director de Conaf, Christian Little.

Medidas en zonas de amortiguación forestal

En la discusión, se repuso una indicación del gobierno que modifica las normas de cumplimiento de acciones o medidas en zonas de amortiguación forestal (ZAF). Estas corresponden a reducir o eliminar la continuidad de vegetación arbórea, arbustiva o herbácea. La propuesta fue respaldada con 6 votos a favor y 4 en contra.

En ese sentido, la norma establece que los responsables de implementar dichas acciones son los propietarios de los predios comprendidos en dicha área. El Servicio Nacional Forestal (Sernafor) -que reemplazará a Conaf – podrá asistir técnicamente a los propietarios en el proceso de implementación de dichas medidas.

Por otra parte, se complementan las acciones que adoptará el Servicio ante el incumplimiento de lo señalado anteriormente. Así, tendrá la facultad para ejecutar en los predios las acciones preventivas, sin más trámite, por cuenta del mencionado propietario. Para realizar las acciones podrá disponer en su resolución el auxilio de la fuerza pública, así como celebrar convenios de cooperación con las municipalidades respectivas para ejercer estas medidas.

El tema se planteó debido a que en la Comisión de Vivienda se aprobó una propuesta parlamentaria que establece que en caso de daño patrimonial efectivamente causado, el propietario del predio deberá ser indemnizado. Este punto es considerado inconstitucional por el Gobierno, debido a que corresponde a una iniciativa que es facultad exclusiva del Presidente de la República, por el gasto que irroga.

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