Marco normativo para personas con discapacidad auditiva será visto por la Comisión de Adulto Mayor

En condiciones de ser visto por los integrantes de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, quedó el proyecto que establece un marco normativo para personas con discapacidad auditiva, sordas, diagnosticadas con hipoacusia, microtia; y asegura su prevención, rehabilitación, inclusión social y acceso igualitario a la atención de salud.

Esto luego que la Comisión de Salud aprobara la iniciativa en particular tras escuchar a la vocera del Movimiento Hipoacusia, Lorena Valenzuela; y al representante del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsal), Cristóbal Castro.

Los legisladores de la instancia de Salud recordaron que en marzo pasado aprobaron la idea de legislar y dado que no se presentaron indicaciones, se optó ahora derivar el texto a la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad.

PROYECTO

El texto busca establecer un marco que asegure la prevención, rehabilitación e inclusión social de personas con discapacidad auditiva, sordas, diagnosticadas con hipoacusia, microtia u otra condición similar.

En términos generales, se determina la obligación del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para esta población promoviendo el acceso a la detección y atención temprana de estas enfermedades, desde la primera edad. Esto incluye la autonomía lingüística, para lo cual se deberán facilitar los medios necesarios para una existencia autónoma en lo personal, familiar y social.

A su vez, el proyecto asegura la provisión de insumos para el aprendizaje de la lengua de señas chilena. Esto estará enfocado, principalmente, en las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva. La medida irá junto a la provisión de los tratamientos médicos y fonoaudiológicos que sean pertinentes.

De igual forma, se garantiza la asistencia médica de carácter interdisciplinario para desarrollar al máximo las capacidades de esta población. Para esto, el Estado propenderá a otorgar todos los medios y apoyos tecnológicos, de salud y educativos necesarios, en forma oportuna y gratuita.

Finalmente, el texto plantea que los recintos que prestan servicios de atención al público deberán contar con sistemas adaptados para las personas con discapacidad auditiva. Lo mismo para los prestadores de salud, con el fin de garantizar su autonomía personal durante su atención de salud.

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