Corte de Concepción: Requerimiento en procedimiento simplificado en contra de un imputado interrumpe plazo de prescripción de acción penal

La Corte de Apelaciones de Concepción en sentencia del 1 de diciembre de 2023, Rol 1410-2023, precisó que el requerimiento en procedimiento simplificado en contra de un imputado interrumpe plazo de prescripción de acción penal.

El fallo argumentó que “no puede discutirse que el artículo 233 del Código Procesal Penal, confiere a la formalización de la investigación el efecto de suspender la prescripción, no obstante ello, no se trata de una norma cerrada o exclusiva que consagre que tal efecto se genera únicamente con esta actuación. En efecto, de conformidad al artículo 96 del Código Penal, no es la única diligencia que lleva aparejada dicha consecuencia, produciendo el mismo efecto de suspender el curso de la prescripción de la acción penal, por ejemplo, el requerimiento del procedimiento simplificado formulado por el Ministerio Público en contra de un imputado, desde que tratándose de este procedimiento, no resulta procedente la formalización de la investigación. No cabe duda que el requerimiento constituye una vía por medio de la cual se dirige el procedimiento en contra del imputado, tal como lo prescribe la norma recién anotada, y para ello sólo basta dar lectura al contenido que debe sujetar el requerimiento, conforme el artículo 391 del Código Procesal Penal y, asimismo, los efectos de su presentación en el tribunal pertinente, regulados en el artículo 393 y siguientes del mismo código. Por lo que en este punto, a juicio de estos sentenciadores, no tiene cabida lo esgrimido en la resolución recurrida, considerando en ello los hitos relevantes para el computo del plazo de prescripción de acuerdo a los hechos ciertos del motivo 3 de esta sentencia, de los que se aprecia que entre la fecha de ocurrencia de los hechos de la imputación y la presentación del requerimiento, no había transcurrido en caso alguno los 5 años que la ley exige para la prescripción invocada”.

La sentencia agregó que “así las cosas, no han trascurrido los 5 años de inactividad que exige el artículo 94 del Código Penal para los simples delitos, ya por efecto de la interrupción inicial, ya por la suspensión generada por la interposición de la querella criminal, sin que se haya producido paralización del procedimiento penal en los términos planteados por la defensa, por lo que no lleva la razón la jueza de primera instancia en su decisión y, en consecuencia, no cabe sino acoger el arbitrio impetrado”.

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