Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 3 de julio recién pasado– analizó el proyecto de ley que “Regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la comisión para la fijación de remuneraciones a que alude el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República”. Informe que fue remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados ayer, martes 4 de julio.

“Que, en síntesis, se estima pertinente considerar un sistema de control de los actos de la Comisión, así como también excluir de sus funciones la de interpretación de reglas para la aplicación del sistema”, plantea el pleno de ministros.

“1. Se advierten algunos detalles relativos al procedimiento, cuya revisión y consideración se estima necesaria.

2. En cuanto al impacto de la iniciativa legal en el ámbito administrativo y de gestión de los Tribunales de Justicia, cabe señalar que las modificaciones contenidas en el proyecto analizado no alteran orgánicamente al Poder Judicial, no tendrían impacto significativo en cuestiones presupuestarias y podría tener un impacto en cuanto a la carga de trabajo que actualmente posee la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque se estima resulta anticipado poder evaluar este aspecto.

3. Las reglas del artículo 38 bis de la Constitución Política de la República, que motiva esta iniciativa legal, no se contempla en el Anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Experta y entregado el 1° de junio de 2023”, enumera a modo de conclusión.