La fiscala judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, encabezó la ceremonia de firma de un compromiso para la conformación de mesas interinstitucionales de trabajo en el ámbito de la supervisión carcelaria, documento que fue suscrito por autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Gendarmería de Chile.
La actividad, que se desarrolló en el Salón de Honor del máximo tribunal, contó con la presencia del fiscal nacional (s), Xavier Armendariz; el defensor nacional, Carlos Mora; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; la directora del INDH, Consuelo Contreras y el director de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra; además de los fiscales judiciales Jaime Salas y Gonzalo Pérez, junto al secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez.
El objetivo de esta instancia –fruto de una propuesta de la Comisión de Cárceles de la Fiscalía Judicial- es generar una red de mesas regionales de trabajo que permita unificar criterios en materia de coordinación, supervisión y seguimiento de las problemáticas al interior del sistema penitenciario, permitiendo un abordaje efectivo de los principales nudos críticos.
La fiscala Lya Cabello valoró la firma del documento, destacando que “esto fue una instancia de personas que han trabajado mucho tiempo en este tema, que estamos realmente interesados, no se trata de hacer panfleto de esto, sino que buscamos solucionar problemas con las personas privadas de libertad y trabajar por el respeto a sus derechos fundamentales, sobre todo por lo que significa la sanción penal, que la sanción penal no es una venganza de la sociedad. La sanción penal es reinsertar al que comete un infracción y eso solo lo conseguimos con un sistema penitenciario fuerte, un sistema penitenciario que le permita a las personas reinserción necesita respetar a las personas, considerar las personas”.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, relevó la firma de este compromiso interinstitucional, ya que a su juicio “es fundamental esta coordinación intersectorial con el objeto de tener establecimientos penitenciarios que permitan al interior que las personas privadas de libertad cumplan su condena de manera digna y, además, también que se apunte al objetivo de la reinserción social, que es clave para nuestro sistema penitenciario”.
En representación del Ministerio Público, el fiscal nacional (s) Xavier Armendariz recordó que “la única forma de afrontar los problemas públicos y de interés ciudadano es a través de la actuación mancomunada de las distintas instituciones. Si bien para el Ministerio Público su primer compromiso es con las víctimas y con la persecución penal, no podemos dejar de lado circunstancias básicas: lo penitenciario tiene una onda directa de repercusión con lo que es la seguridad pública y, por lo tanto, un adecuado manejo penitenciario, un respeto de los derechos de los internos y una adecuada rehabilitación”.
Finalmente, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Jaime Salas, señaló que “es importante tener siempre presente que las personas que están cumpliendo condena o se encuentran en prisión preventiva han infringido normas penales y ha habido un procedimiento legal conforme al cual ellos han ingresado a cumplir medidas cautelares o la condena en la cárcel. Y otra cosa es que las garantías fundamentales de esas personas no se respeten. Y sobre todo la privación de libertad implica, por mandato legal, la restricción de la libertad y pensamiento de las personas, pero la dignidad de ellas sigue intacta al interior de las mismas”, concluyó.