Según lo informado por el portal del Poder Judicial, reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 15 de mayo recién pasado– analizó el articulado de la iniciativa legal, iniciada en mensaje, que “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Segundo informe que emite el máximo tribunal durante la tramitación legislativa del proyecto y que fue remitido a la presidencia del Senado al día siguiente.

“Que, en conclusión, a través del presente informe, se da cuenta del proyecto de ley que ‘Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas’, el cual establece un procedimiento de reclamación ante los Tribunales Ambientales, respecto de los actos dictados por este nuevo servicio, así como, por el Ministerio del Medio Ambiente. Este recurso, se incorpora a la competencia de los Tribunales Ambientales, a partir de lo señalado en el artículo 17 N° 11 de la ley 20.600”, plantea la Corte Suprema.

“Este procedimiento de reclamación estará reservado para aquellos actos administrativos descritos en el artículo 134 de la iniciativa legal. Todos los demás actos administrativos emanados de esta nueva institucionalidad serán reclamables a través de la regla residual del artículo 17 N° 8 de la ley 20.600”, añade.

Para el pleno de ministros: “La propuesta cuenta con algunos errores que merecen ser corregidos para la acertada inteligencia de la ley. Estos corresponden, en primer lugar, a la referencia al artículo 17 N° 9 de la ley 20.600, cuando lo correcto es que la referencia sea al artículo 17 N° 11; luego, se podría rectificar la redacción referida al plazo para recurrir ante los Tribunales Ambientales señalado en el artículo 137; finalizando con la crítica a la técnica legislativa utilizada en el artículo 139, para hacer aplicables los recursos de apelación y casación a las decisiones adoptadas por los Tribunales Ambientales”.