Con un amplio respaldo, la Comisión de Gobierno Interior aprobó en general el proyecto (boletines refundidos 14594 y 15523) sobre temáticas vinculadas a la probidad y transparencia municipal, presentadas por parlamentarias/os de todos los sectores.
La propuesta busca establecer exigencias de transparencia y obligación de rendición a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro. En específico, todas aquellas que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de municipalidades, gobiernos regionales o poderes del Estado. Ello, con el fin que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar todo caudal público entregado a estas entidades.
Además, plantea incorporar normas para la prevención de la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, elevar los niveles de probidad y transparencia en la gestión municipal y de corporaciones y fundaciones de participación municipal.
En la sesión expuso la abogada jefa de la Unidad Coordinadora Especializada en Materias Municipales del Consejo de Defensa del Estado, Pamela Almonacid. Se refirió a las querellas que este organismo ha interpuesto en el último tiempo en contra de autoridades y funcionarios municipales por los delitos de malversación de fondos públicos y cohecho.
Almonacid indicó que, en diciembre del año 2022, existían 1385 causas activas municipales. De ellas, un 56% corresponde a causas penales y un 44% a causas no penales.
Detalló que las causas con querella, vinculadas a municipios, corresponden a 776 (vigentes al año 2022). “Se dedujo querella en 204 de ellas, las cuales se encuentran vinculadas a un total de 117 municipios, a lo largo de todo Chile”, precisó.
Subrayó que las otras 572 causas se encuentran en vigilancia. Esto es, estudio y/u obtención de mayores antecedentes para adoptar decisiones.
Por otro lado, indicó que, actualmente, existen 49 casos con sentencias condenatorias en procesos penales por parte del Consejo de Defensa del Estado. Precisó que el “mayor volumen de causas son fraude al fisco y malversación de caudales públicos”.
