En condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.
Ello, luego que la Sala del Senado terminara la revisión del articulado del proyecto y aprobara una serie de disposiciones respecto de las cuales se había solicitado su votación de manera separada. La iniciativa tuvo su origen en una moción de diputados, entre los que se cuenta el actual senador, Matías Walker.
Cabe recordar que los senadores iniciaron el análisis de este proyecto la semana pasada dejando pendiente para esta jornada las normas respecto de las cuales había votación dividida o indicaciones presentadas.
Previo a la votación en particular, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a los alcances del proyecto y a la importancia de las normas que contiene y que sistematizan los delitos económicos y regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otras materias.
VOTACIONES
Tras ello, la Sala aprobó por unanimidad una serie de disposiciones que habían sido respaldas en votación dividida en la Comisión de Constitución.
Luego, se aprobó con 27 votos a favor y 14 en contra el artículo 464 quater que se refiere a la pena accesoria de suspensión o inhabilidad para el ejercicio de la profesión de quienes participan en la comisión de un delito.
El senador Rodrigo Galilea explicó por qué solicitaron votar de manera separada esta norma, mientras que el Ministro de Justicia precisó que con ella se busca establecer sanciones relevantes para quienes participan en la comisión de delitos.
Luego se rechazó con 18 votos a favor y 21 en contra una indicación referida a los delitos ambientales (artículo 310 bis), que buscaba adecuar la redacción de la norma. El senador Galilea explicó los alcances del cambio, mientras que el senador Alfonso De Urresti, señaló que era necesario mantener la disposición tal como fue aprobada en la comisión pues precisaba de mejor manera el tipo penal.
Posteriormente se aprobó por unanimidad una indicación (al artículo 463 del Código Penal) que busca ejemplificar de mejor manera lo que se entiende por una administración racional del patrimonio. Esto en los casos de delitos concursales y defraudaciones. Fue el senador Galilea quien precisó el sentido de la indicación y el Ministro de Justicia manifestó el acuerdo del Ejecutivo en esa materia.
Igualmente se aprobaron por unanimidad una serie de adecuaciones al texto las que habían sido concordadas por los integrantes de la Comisión de Constitución.
AGRAVANTES E INHABILITACIÓN
La Sala también aprobó con 23 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, una disposición relativa a las denominadas agravantes muy calificadas. En este punto se solicitó votar separadamente una norma que se refiere a “cuando el hecho haya afectado abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable”.
En este punto el senador Matías Walker planteó la necesidad de mantener la citada norma tal como finalmente fue aprobada, mientras que el senador Rodrigo Galilea planteó que se debería rechazar por un tema de técnica legislativa.
Uno de los puntos que generó mayor debate fue una disposición relativa a la inhabilitación para contratar con el Estado que impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado, con empresas y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe. La discusión se centró fundamentalmente en la norma que señala que dicha inhabilitación “produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes en el momento de la condena”.
