Concluyó el análisis del proyecto que sanciona la comercialización de productos del mar contaminados

Tras una serie de audiencias, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, concluyó el análisis del proyecto que avanza en el resguardo de la salud de la población, modificando la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, LGPA, para sancionar el apozamiento, extracción, transporte y comercialización de recursos hidrobiológicos contaminados.

Durante las sesiones de análisis, se escucharon, entre otros, al subsecretario de Pesca y Acuicultura Julio Salas; al director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Fernando Naranjo; y a representantes de salud pública.

En general, se hizo presente que hay acuerdo para avanzar, pero se dejó constancia de los problemas que pueden existir por fiscalización y se llamó a “asegurar” la información a la pesca. En la misma línea, se advirtió que la presencia de floraciones de algas nocivas es variable en los territorios y ya no es exclusivo de lugares como Los Lagos, Aysén y Magallanes.

PROPORCIONALIDAD

A juicio de los integrantes de la instancia especializada, hay que buscar la “proporcionalidad de la pena” y sanciones, “para evitar que éstas puedan ser desproporcionadas”.

En este sentido, se respaldó el artículo 139 quáter. “El que extraiga, apoce a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas, sabiendo o debiendo saber de la prohibición, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio (desde 541 días a 3 años y un día) y multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales” (más de 3 millones de pesos).

La Comisión aprobó, además, sendas enmiendas que proponen sanciones diferenciadas por acciones a sabiendas de la contaminación, negligencia, y agrava la pena si dichos recursos se han extraído de zonas prohibidas afectadas por Marea Roja (hasta 5 años de presidio y multas de más de cien millones), y si a consecuencia de estas conductas se produce la muerte de alguna persona las penas corporales se elevarán en un grado, y la multa podrá aumentarse hasta el doble del máximo señalado en cada caso.

Cabe recordar que la moción, de autoría de diputados, hace presente “la trágica muerte de un menor de tres años de edad y el riesgo vital en que quedaron otras tres personas en la Región de Los Lagos, luego de consumir almejas contaminados con la microalga Alexandrium Catenella, una de las fuentes primarias del veneno o toxina paralizante de los mariscos, también conocida como “marea roja”, provocaron conmoción pública a nivel nacional”.

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