La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich visitó los juzgados de Familia de Santiago, en el marco de la puesta en marcha de la ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, haciendo un llamando para que las y los usuarios que han demandando el pago de estas pensiones soliciten la conversión de los montos fijados de pesos a UTM.

“Es importante que se pida la conversión a UTM de la pensión que ha sido fijada en pesos o en alguna otra unidad. Porque eso va a facilitar el trabajo de los tribunales en el sentido de poder -después de la primera liquidación manual- efectuar la liquidación de manera automática y así evidentemente, poder transmitir la información al registro en forma mucho más expedita”, explicó. Esta solicitud se hace en línea en el sitio de Trámite Fácil del Poder Judicial.

La autoridad, quien es coordinadora de la implementación de esta normativa, se reunió con jueces y administradores para dialogar sobre los últimos detalles antes del inicio del registro el 18 de noviembre, día en que entra en vigencia la normativa.

La ministra Chevesich destacó que esta ley pone a los niños en el centro de todo: “El pago de la pensión de alimentos siempre ha sido una obligación legal y también moral, porque los progenitores tienen la obligación de entregar lo necesario para que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse espiritual y materialmente. Lo que hace esta ley es poner el centro en los niños, en las niñas y en los adolescentes, y también relevar el principio de corresponsabilidad parental, porque es necesario tener presente que es un deber que hay que cumplir”.

Al ser consultada por los medios, explicó que “hay una serie de limitaciones que se le imponen a los deudores para que en definitiva salden las deudas que tienen con sus hijos, con sus hijas y eventualmente también con el o la cónyuge”.

“Impone una serie de limitaciones y la única manera de salir del registro es pagando íntegramente la deuda o también llegando a un acuerdo con la persona demandante, acuerdo que tiene que ser justo, que tiene que ser serio, razonable, que debe ser aprobado además por el tribunal. Y si se mantienen el registro, obviamente eso impone una serie de limitaciones. Por ejemplo, no le puede dar licencia de conducir, no puede obtener pasaporte para viajar. Eventualmente, si va a pedir a una institución financiera un crédito, le van a retener el 50%. Además, si quiere comprar un vehículo, también el notario que va a firmar el documento respectivo tiene que verificar que no esté la persona en el registro, entre otras medidas”, explicó.

Por último destacó que “la ley establece que en determinados casos puede generar una violencia intrafamiliar, incluso también un delito cuando es reiterado y se afectó por el deudor con la finalidad de generar una violencia económica”.