La Comisión de Seguridad Ciudadana comenzó el análisis del proyecto presentado por el gobierno que modifica la ley 18.216 para ampliar la hipótesis de expulsión como pena sustitutiva (boletín 15408).
Como antecedente, el gobierno señala en su propuesta que le preocupa el hacinamiento carcelario y el incremento de la población penitenciaria; sobre todo en las cárceles del norte del país donde existe un alto porcentaje de personas extranjeras, tanto en prisión preventiva o condenadas.
Las cifras señalan que la población migrante recluida aumentó desde 2013 a 2022 del 3,7% al 10,3%, lo que representa a 4.298 personas extranjeras. De dicha cifra, el 61% está condenada por la ley de drogas.
Así, la propuesta legal busca revertir los efectos de la Ley de Migración y Extranjería, que excluyó la aplicación de la expulsión a delitos referidos a la ley 20.000 y de aduanas.
Ministra de Justicia
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, explicó que la pena de expulsión, que se aplica desde 2012, se define como la salida forzosa del territorio nacional. Esta es impuesta por un juez o por tribunal a un condenado extranjero sin residencia legal en Chile. A su vez, considera la prohibición de regresar en un plazo de diez años contados desde la fecha de sustitución de la pena.
La autoridad añadió que, en los últimos 10 años (2012-2022), hubo 10.531 causas con orden de expulsión, con un promedio anual de 957. De ellos, sólo 241 personas retornaron a Chile.
Sin embargo, la ley de Migración y Extranjería de 2021 prohibió la expulsión de extranjeros por delitos de drogas, aduanas, tráfico de migrantes y trata de personas; situación que se espera revertir para los casos específicos de delitos aduaneros y de drogas.
Ello, porque seis de cada diez hombres extranjeros y nueve de cada diez mujeres están condenados por la ley 20.000. Asimismo, la no aplicación de la pena de expulsión desde febrero del presente año tuvo un impacto en el problema penitenciario del norte del país.
Al respecto, el asesor del Ministerio del Interior, Miguel Yaksic, planteó que el proyecto apunta a un perfil específico de personas, principalmente condenadas por microtráfico. Es decir, sostuvo, el final de la cadena, los denominados burreros, que no tienen arraigo en el país, que mayoritariamente son de nacionalidad boliviana y no han cometido otros delitos graves.
Detalle de la norma
Como alternativa, el proyecto consagra una pena mixta adicional, que contempla interrumpir el cumplimiento de la pena impuesta para reemplazarla por expulsión judicial; y como alternativa a la libertad vigilada intensiva.
En tal sentido, el texto propone que, respecto de los extranjeros, el tribunal, a petición de la persona condenada, podrá disponer la interrupción de la pena privativa de libertad y reemplazarla por la pena sustitutiva de expulsión.
Para acceder a ella es necesario cumplir ciertos requisitos como que, la sanción impuesta sea de cinco años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, u otra pena inferior, y no registrar, al momento de discutirse la interrupción de la pena privativa, otra pena por crimen o simple delito.
Además, haber cumplido al menos un tercio de la pena; observar un buen comportamiento en tres bimestres anteriores a su solicitud y que tenga la identificación decadactilar y documental que realiza el Registro Civil.