Por 11 votos a favor, la Comisión de Gobierno Interior aprobó, en general, el proyecto que impone a las municipalidades la obligación de contar con protocolos internos para la prevención y sanción del acoso sexual (boletín 14458).
La iniciativa modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, y sigue las directrices de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
En esa línea, el proyecto busca que municipalidades, corporaciones municipales, asociaciones o fundaciones municipales cuenten con estos protocolos. En particular, la normativa tipifica las conductas de acoso sexual como contrarias a la probidad administrativa. Asimismo, establece sanciones para poder erradicarla.
En sus antecedentes, la moción señala que se debe trasparentar y sistematizar la magnitud de casos que puedan existir al interior del mundo municipal. Esto, para permitir tomar mejores decisiones a sus autoridades relativas a la política pública.