El Senado despachó a su tercer trámite, una iniciativa que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y que crea el sistema interconectado para estos efectos.
Según dio cuenta el senador José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, “hasta ahora nuestras policías han operado siempre con la idea de esperar un cierto plazo a que se produzca, a que se confirme la desaparición. Ahora eso se elimina. Y quiero agradecer a las policías por su comprensión respecto de este tema pues tanto la recepción de la denuncia y su comunicación inmediata al Ministerio Público será obligatoria”.
En tanto, el senador Juan Antonio Coloma, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, precisó los aspectos que fueron dirimidos dentro de la competencia de la instancia y explicó que “si bien había una norma que decía que el mayor gasto de esta ley se financiaría con cargo a la partida 05 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por otro lado, el informe financiero decía que no había mayor gasto público”.
Al respecto, señaló que esto ocurrió porque “los gastos corresponden a un software que ya estaba financiado, y la mantención estaba dentro del proceso normal de Carabineros.”
VOTACIONES
La mayoría de las enmiendas al texto legal se aprobaron en forma unánime, superando largamente el quórum requerido (31 votos).
Durante el debate también se despejaron algunos puntos con solicitud de votación separada e indicaciones, en especial, respecto a las definiciones de prioridad y perspectiva de género contenidos en la letra g) del artículo 2°.
La norma establece el “principio de perspectiva de género. Se deberán realizar todas las diligencias necesarias posibles para el más pronto hallazgo de la mujer, niña o adolescente desaparecida, con un deber reforzado de diligencia” y agrega que “durante la búsqueda e investigación de la desaparición de mujeres, niñas y personas en situación de desventaja a causa de su orientación sexual o identidad o expresión de género, deberán siempre tenerse en consideración las diversas formas de violencia de género e incorporar un enfoque interseccional”.
Según puntualizaron diversos senadores, entre ellos, Rojo Edwards, “en el artículo 2 de la ley, en la letra a) ya se establecen los principios orientadores: la igualdad ante la ley; la debida diligencia, la inmediatez; colaboración, y también el principio de interés superior del niño, la niña y el adolescente”. Por lo tanto, advirtieron que, al incorporar una nueva letra g) “lo que se está haciendo básicamente es darle una prioridad a una investigación simplemente por la orientación sexual de la persona” y, si a eso se suma que las policías deben priorizar sus recursos entonces podría significar “dejar de lado otras búsquedas de niños”. En el mismo sentido, el senador Enrique Van Rysselberghe, solicitó votación separada de la norma que establece una clasificación de riesgo.
Durante, la discusión en particular, el senador Insulza hizo presente que si bien “preferiría que la norma general bastara para hacer la priorización; en la realidad nuestra sociedad la norma general no basta y hay que hacerlo específico”. Luego, se sometieron a votaciones dichos incisos por separado, los que finalmente, se aprobaron por mayoría de votos.
Finalmente, se aprobaron por 18 votos a favor contra 13 dos incisos a solicitud del senador Van Rysselbeghe que establecen que “en caso de que la persona encontrada con vida, mayor de edad, legalmente capaz y en pleno uso de sus facultades, no otorgue la autorización para informar su paradero, el Ministerio Público o las policías sólo informarán al denunciante o a familiares directos respecto del hecho de haberse encontrado a la persona y la voluntad de ésta de no comunicar su paradero, y deberán entregarle copia del registro de su voluntad. Ello, no obstará al deber de informar a tribunales, en caso de ser requerido, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que nacen de las relaciones de familia”.